El rostro de María Elena se entumece mientras intenta expresar lo que fue su vida en el último año, desde que mataron a su hijo Jonatan Herrera, baleado por efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT). En la conferencia de prensa realizada ayer por la familia, sobre las escalinatas de Tribunales, denunciaron que durante todo el año recibieron "aprietes". "Quedate tranquilo o vas a terminar como tu hermano", rezaba uno de los mensajes de texto que le llegó a otro de los hijos de la mujer. La lucha, en las últimas semanas, estuvo centrada en el rechazo de un juicio abreviado que pretenden cerrar tres de los policías imputados. La familia exige "juicio oral y público". Además, denunciaron que debieron irse de su casa en Nochebuena, por amenazas "de gente del narcotráfico con complicidad policial", por lo que hoy mantendrán una reunión con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. "Cuando fuimos a hacer la denuncia en la Comisaría 16ª nos dijeron que vayamos a los medios", dijo María Elena. En la movilización por el primer aniversario sin Jonatan estuvo acompañada por concejales, diputados, militantes de organizaciones sociales y familiares de otras luchas por justicia.

El domingo 4 de enero de 2015, Jonatan lavaba su auto cuando una persecución a cargo del personal del Comando Radioeléctrico irrumpió en la cuadra de Seguí y Ayacucho. Los efectivos intentaban atrapar al ladrón de una juguetería cercana que corría por la cuadra. En ese momento, cuatro agentes de la PAT bajaron de un colectivo en el que circulaban y comenzaron a disparar, "cuando los agentes del Comando ya tenían al ladrón en el piso", según relató en su momento el fiscal Adrián Spelta. Tres balas le dieron a Jonatan, quien tenía 23 años, un hijo de pocos meses y un nuevo trabajo en el depósito de Falabella.

Por aquellos días, se le endilgó la autoría del crimen a Ramiro R., de 25 años, ya que la pericia sobre una de las balas mortales salió de su arma reglamentaria; mientras que Francisco R. Alejandro G. y Luis S. fueron acusados por tentativa del crimen.

La queja de la familia con la investigación tiene que ver con que ahora, la defensa de los tres imputados por intentar matar al chico buscan cerrar un juicio abreviado con la Fiscalía, pero para ello necesitan de la anuencia de la parte querellante, que a su vez está dividida. "Tenemos distintos intereses con la madre de mi nieto. Nosotros queremos justicia, porque es terrible cómo lo mataron a mi hijo; no quiero que su muerte quede entre cuatro paredes. Queremos juicio oral y público, y que caigan los que tengan que caer", dijo María Elena. La mujer lamentó que esa decisión "garantiza la impunidad", en el caso. "Es una maniobra que beneficia a los imputados en un juicio a puertas cerradas", se quejó sobre el trámite que continuará en febrero con la decisión final del fiscal regional Jorge Baclini.

"Hubo maniobras en el aparato judicial, con complicidad entre la fiscalía y la defensa de los imputados; la desaparición de pruebas fundamentales, y chicanas cuando pretendíamos constituirnos como querellantes", denunció.

Entre las amenazas que sufren desde hace un año, María Elena enumeró advertencias de que les "quemarían la casa" y que "policías sacaban los carteles con la foto de Jonatan", que la familia pegaba en el barrio para exigir justicia. "Es una clara persecución para hacernos tener miedo y no seguir con la lucha", agregó.

Sumado a ello, María Elena, su pareja y sus hijos recibieron nuevas amenazas que atribuyeron a "grupos narco con complicidad policial", que los llevaron a mudarse días atrás, por seguridad. "Sufrimos amenazas de muerte, tuvimos que salir del barrio, perdimos el trabajo porque trabajábamos en mi casa. Cuando hicimos la denuncia, me dijeron que hable a la prensa que me salía bien, que ellos no habían matado a mi hijo, que habían sido unos perejiles de la PAT", lamentó. La investigación por esas amenazas está a cargo de la fiscal Verónica López.

Luego de la lectura del documento, los aplausos retumbaron en el ingreso a Tribunales y María Elena no pudo contener las lágrimas. Con su hija Julieta, quien está a su lado en cada visita al Tribunal, se abrazaron para llorar a Jonatan.

Los últimos movimientos en el expediente fueron días antes del Año Nuevo, cuando el juez Gonzalo López Quintana evalúo que "hay peligrosidad procesal" sobre Ramiro R., ante la pena de prisión perpetua que pidió el fiscal Spelta; por lo que seguirá preso hasta el juicio oral. En tanto, los otros tres efectivos seguirán presos hasta el 15 de febrero, mientras la defensa y la fiscalía buscan acordar un juicio abreviado con la negativa de la familia de la víctima.

Tras el acto, el defensor público Gabriel Ganón habló del caso. "La postura de María Elena es coherente y nos preocupa la posición que está tomando la Fiscalía, que secciona y rompe la acusación separando a los imputados, porque se genera un perjuicio muy grande a la familia de la víctima. Si se consolida esto, durante el juicio (contra el principal acusado) se puede comprobar una responsabilidad más grande de los otros imputados y eso va a generar una situación de imposible reparación, porque ya van a tener una sentencia dictada en su contra, con el juicio abreviado", señaló. "La responsabilidad de todos debe ser expuesta en juicio oral y público, porque hubo muchos disparos y la policía fue adulterando el lugar del crimen, con secuestro de casquillos de bala que no fueron marcados por la policía de Científica".