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Desde la Municipalidad refutaron la denuncia de la concejala Celeste Lepratti acerca del desalojo de habitantes de una villa en el Bajo Ayolas, y afirmaron que el procedimiento es "una reubicación voluntaria" de familias ya que los terrenos donde están asentados son inundables.

La edila del Frente Social y Popular presentó ayer en Tribunales un recurso de amparo porque entendió que el municipio estaba obligando a mudarse a quienes residen en la zona delimitada por avenida 27 de Febrero, Ayolas, Acceso Sur y Circunvalación. Los vecinos afirmaron que hace más de diez años que residen allí y que ahora vinieron funcionarios ofreciéndoles dinero para retirarse.

Fuentes del Ejecutivo municipal confirmaron que hay una decisión de desocupar esas tierras pero de manera "consensuada". "Es un lugar con riesgo hídrico, se puede desmoronar la barranca e inundarse, esto podría traer graves consecuencias", señalaron, y apuntaron a otros factores adversos para habitar allí como quema de basura y animales sueltos.

"Se buscaron soluciones conjuntas, no es que se los dejó a su suerte", señalaron. Contrariamente a lo que plantearon los manifestantes sobre el hecho de que hacía décadas vivían en la zona, los grupos que se asentaron en el bajo Ayolas no llevan más de dos años en el lugar y algunos llegaron hace pocos meses, señalaron desde el gobierno local.

Se indicó que este proceso empezó en noviembre, cuando se lanzó el relevamiento de cada familia. Hasta ahora se mudaron ya 18 familias, y todavía faltan 70 por reubicar. "Se identificó a cada familia, su composición, de dónde venían, cómo podían resolver su situación. Hasta se les ofreció un subsidio para ayudar en la reubicación. Está todo documentado", afirmaron.