La concejala Celeste Lepratti (FSyP) volvió a denunciar que a las 30 familias de barrio Bajo Ayolas, que aún no llegaron acuerdo con el municipio para retirarse de la zona, están siendo presionados por la policía. Mientras la edila realizaba una conferencia de prensa en los Tribunales para denunciar las amenazas que sufrieron el pasado 4 de febrero, se dirigieron hasta el lugar porque, según señaló, estaban desalojando a otro grupo de vecinos. "Desde la municipalidad y la provincia plantean que esto es por una emergencia hídrica, que quieren que los vecinos abandonen el Bajo Ayolas, pero nunca esto se había informado a los vecinos, antes del recurso de amparo que se hizo el mes pasado", planteó la concejala.

"Fuimos al barrio y nos encontramos con camiones y la policía presionando a los habitantes del lugar a retirarse de la zona por sumas que van entre los 40 y 50 mil pesos, entre ellos familias con hijos pequeños y embarazadas, sin antes haber garantizado un lugar donde estas familias puedan reubicarse dignamente", dijo Lepratti.

La edila dijo que "días atrás, Patricia Larach y Luis Baita, encargados de negociar con los vecinos en representación de la secretaría de Hábitat provincial, presionaron a los vecinos para que firmen los acuerdos y dejen sus viviendas".

Lepratti denunció que el pasado 3 de febrero a la noche, "una camioneta negra Amarok llegó al barrio y bajaron cuatro hombres y una mujer armados con 9 milímetros, para agredir a los vecinos y decirles que no sabían con quién se habían metido y que en dos días se pudría todo. Por eso hicimos la denuncia en la Fiscalía. Esto es absolutamente grave porque fueron métodos violentos. Un atropello total".

"Nos vinieron a sacar como perros", indicó Cristian Arocha, uno de los vecinos del lugar, en su mayoría familias con trabajos informales. En ese marco, Lepratti exigió que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el secretario de Hábitat, Diego Leone, otorguen una audiencia para encontrar una solución urgente al conflicto ya que "los tiempos de los ciudadanos no pueden esperar más".

En el lugar viven más de 30 familias desde hace más de 10 o 20 años, quienes se atienden en el centro de salud de la zona, el Eva Perón y concurren a las escuelas públicas del barrio, además de tener organizadas sus estrategias de subsistencia con los ingresos que generan en la zona donde viven.