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La familia de Jonatan Herrera, el joven que lavaba su auto cuando fue asesinado por personal de la Policía de Acción Táctica (PAT), se opuso ayer al juicio abreviado que la Fiscalía busca cerrar con uno de los policías implicados. Al mismo tiempo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ayer un amicus curiae para señalar la inconveniencia de un juicio abreviado en los casos de violencia institucional. Luego de que la semana pasada el fiscal Adrián Spelta presentara acusación por dos policías acusados de tentativa de homicidio -que se sumó a la acusación de homicidio contra el principal implicado-, este lunes se cumple el plazo de detención para Alejandro G., quien podría ser condenado por un delito menor, de abuso de armas, en acuerdo abreviado. María Elena, la madre de Jonatan, reclama que los cuatro sindicados vayan a juicio oral.

El lunes pasado, el juez Gonzalo López Quintana rechazó que se unifiquen las querellas en el caso que busca esclarecer la muerte de Jonatan; y dejó a los cuatro policías en prisión preventiva; pero, en el caso de G. era solo por siete días, ya que Spelta planteó que presentaría una solicitud de juicio abreviado, que contempla una pena de tres años de prisión, según trascendió.

Ante ello, ayer las abogadas Analía Abreu y Cintia Garcilazo presentaron su oposición al juicio abreviado. Por su parte, el CELS presentó ayer un amicus curiae que sostiene: "La no realización de un debate oral y público para el juzgamiento de delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, cuando de acuerdo a las constancias probatorias es factible sostener la acusación en una calificación grave, se contrapone a toda la jurisprudencia nacional e internacional vinculada a la interpretación amplia sobre participación de la querella en los procesos penales, así como también a una tutela judicial efectiva y al derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, desconoce la obligación que pesa sobre los Estados de investigar eficazmente y sancionar a sus responsables".

El 4 de enero de 2015, Jonatan lavaba su auto cuando una persecución a cargo del personal del Comando Radioeléctrico irrumpió en la cuadra de Seguí y Ayacucho. Los efectivos intentaban atrapar al ladrón de una juguetería, que corría por la cuadra; cuando cuatro agentes de la PAT bajaron de un colectivo y comenzaron a disparar, y tres balas le dieron a Jonatan, de 23 años.

Desde el primer momento, Spelta sindicó a Ramiro Rosales como el autor de uno de los disparos mortales; y pidió pena perpetua en su acusación. Mientras que a los otros tres implicados los acusó de tentativa de homicidio, ya que todos dispararon sus armas.

La negativa de la familia, acompañada por organizaciones sociales y barriales, llevó a que días atrás se abandonara la intención de cerrar un juicio abreviado con los tres policías.