El pasado vuelve a intentar un zarpazo sobre el Centro Cultural La Toma, el establecimiento de Tucumán 1349 que desde 2001 brinda espacio a múltiples organizaciones sociales, un mercado popular, comedor universitario y decenas de actividades. Así lo sienten en la cooperativa Trabajadores en Lucha, que la semana pasada recibió una cédula judicial expedida por el juzgado en lo civil y comercial nº 14 -donde se tramita el juicio de quiebra del ex Supermercado Tigre- y que cita a "los ocupantes del inmueble" a comparecer en Tribunales el próximo 22 de marzo. Por eso convocan a una asamblea pública a realizarse el 14 de marzo, para defender el centro cultural de "las pretensiones de un banco, atendidas por un puñado de oscuros funcionarios judiciales que van prendidos en esto", lanzó Carlos Ghioldi, presidente de la cooperativa.

La citación no explica su motivo, pero la palabra "ocupante" alarmó a los intimados. "Significa que un puñado de oscuros funcionarios judiciales siguen desconociendo la legalidad de la ley provincial nº 12.964 y la voluntad democrática de los legisladores que la sancionaron", denunció Ghioldi.

La ley referida fue aprobada por la Legislatura en 2008 y toma la declaración de "utilidad pública" del inmueble de Tucumán al 1300 -expedida en 2004- para dar curso a la expropiación del mismo. "Se le llamó Ley Zabalza y fundamenta la utilidad pública del centro cultural por los servicios que brinda a la comunidad, en especial a los sectores populares", reforzó el dirigente que el viernes pasado encabezó una reunión para tomar recaudos en vistas a la citación judicial.

Pero la masa de acreedores de la cadena Tigre siguió presionando y encontrando eco en el juzgado de primera instancia -hoy a cargo de Marcelo Quaglia- y también en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. En 2009, el gobernador de entonces, Hermes Binner, promulgó la ley de expropiación del edificio. Los acreedores de la quiebra recurrieron a la Justicia, y en 2011 la Cámara ratificó la devolución del local a los reclamantes. El Estado provincial acudió en queja a la Corte Suprema por lo que consideró una intromisión del Poder Judicial en asuntos del Legislativo y Ejecutivo. El máximo tribunal santafesino admitió la queja en 2012 y desde entonces el conflicto sigue abierto, con lo que los acreedores continúan pugnando por el emblemático edificio ya más identificado como La Toma y no como el supermercado que alguna vez funcionó allí.

Ghioldi cifró sospechas en el cambio de coyuntura política a nivel nacional como el escenario propicio para explicarse esta nueva ofensiva judicial de algún acreedor. En concreto, la mirada de quienes habitan La Toma es un banco privado que habría tomado acreencias del juicio.

"La quiebra del Tigre fue un vaciamiento escandaloso con complicidad judicial. Ya bajo administración del juzgado, la empresa siguió endeudándose hasta 80 veces su patrimonio, abrió sucursales, tomó créditos sobre créditos, y el juez lo permitía. El principal damnificado fue el Estado, nacional, provincial y municipal", evocó Ghioldi.

Por eso el viernes pasado hubo una reunión con más de 30 organizaciones sociales representada, "a los fines de considerar una nueva agresión del Poder Judicial que ahora intenta citar a los 'ocupantes del inmueble' para dar curso a las pretensiones de un banco", contaron en su muro de Facebook. De allí surgió la convocatoria a "todas las organizaciones populares políticas, sociales, sindicales, a todos los legisladores, concejales y miembros de sectores políticos o sindicales a un asamblea pública en defensa de La Toma, el lunes 14 de marzo, a las 18 en Tucumán 1349", una semana antes del emplazamiento judicial.

En el edificio funciona un mercado popular, puestos de producción y artesanos de la Subsecretaría de Economía Solidaria municipal, un comedor universitario, el Espacio Juicio y Castigo, teatro, galería de arte de la Facultad de Humanidades, y la sede de entidades sindicales como la CTA de los trabajadores, Asociación de Actores, Sindicato de Guardavidas, Mutual de Psicólogos, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), entre otros espacios.