Tras nueve meses de libertad, volvieron a prisión los ocho acusados por la desaparición de Paula Perassi, quien salió de su casa el 18 de septiembre de 2011 y nunca regresó. Los tres civiles, acusados de "aborto sin consentimiento, seguido de muerte", y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol, irán a la cárcel; mientras que los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, estarán con prisión domiciliaria. "La no aparición con vida (de Paula Perassi), ante la probabilidad de su muerte, impide hacer el duelo. Cuando esta desaparición es imputada a una persona, la ausencia de la misma se agrava, se acrecienta con el cercenamiento de toda posibilidad de rehacer la vida sin la presencia del muerto. Es decir, una extensión del daño a sus herederos, totalmente innecesaria", reflexionó el juez Carlos Carbone, en un fallo muy distinto al anulado, de su par, Adolfo Prunotto Laborde, que había liberado a los imputados. Carbone avaló así la decisión de primera instancia del juez de San Lorenzo, Juan José Tutau: los acusados deben estar detenidos mientras avanza la investigación. Para la fiscalía y la querella la mujer de 34 años murió tras un aborto no consentido, ya que estaba embarazada de su relación extramatrimonial con el principal acusado, Gabriel Strumia.

Con los procesamientos dictados por Tutau, en mayo de 2015, se ordenaron las detenciones. Por esos días, el fiscal Donato Trotta le dio un giro a la investigación y presentó su teoría del caso, basada en ese embarazo "no deseado por Strumia" y la provocación del aborto que involucra al amante de Paula, su esposa Roxana Michl; y la sindicada abortera de Timbúes, Mirtha Rusñisky.

Sin embargo, la nómina de acusados no terminó ahí: desde el primer día de búsqueda de Paula hubo irregularidades del personal policial. Según se expuso, el propio Strumia --amigo de la familia Perassi-- llevó a Alberto a denunciar el caso ante Puyol, ahora imputado con los otros uniformados por encubrir el hecho e intentar desviar la investigación.

Pese a las detenciones del año pasado, las defensas apelaron y en agosto pasado pidieron la libertad ante el camarista Prunotto Laborde, quien --sin fundamentar su decisión-- otorgó las excarcelaciones. Tanto la querella como la fiscalía pidieron a la Corte Suprema de Santa Fe que revisara el fallo. Así, en marzo, el máximo tribunal provincial anuló la decisión de Prunotto Laborde. Sin embargo, ni el juez Tutau ni la Alzada ordenaron la detención de los acusados. La semana pasada, las partes debatieron sobre los pedidos de excarcelación, pero al término de la audiencia, los imputados salieron sin esposas. Ayer, cuando se presentaron a escuchar la decisión de Carbone quedaron arrestados.

Ayer, Alberto habló aliviado: "Después de tanta lucha la Justicia entendió que no estamos en la mentira. Pasó mucho tiempo, pero la verdad va a salir a flote. A cuatro años y siete meses de lo que pasó, encontramos algo a favor. Yo quiero conseguir los huesos de mi hija, y ellos si tienen que estar presos para saber qué hicieron con Paula, que lo estén".

Su abogado, Adrián Ruiz, dijo que "la resolución es un espaldarazo". "Estamos buscando a Paula, y esto va por ese objetivo. El juicio es inminente", dijo el letrado, quien recordó los pedidos de detención que hicieron sobre Díaz, mano derecha de Strumia, por participar del hecho; y del ex comisario Marcelo Egido, a quien consideran que estuvo involucrado.

En cuanto a Strumia y Michl, el juez consideró que "hay elementos de convicción para fundar la apariencia de responsabilidad en su contra".

Para Carbone, el juez Tutau "fue hilvanando la reconstrucción del hecho atribuido a partir de un minucioso detalle de la conducta desplegada por el propio Strumia hacia el padre de la víctima, con el fin de desorientar su temor de una desaparición forzada desde el mensaje de texto que se atribuye como 'auto enviado', utilizando un teléfono de Paula Perassi", haciéndoles creer que su hija se iba a San Juan.

Sobre Puyol, el magistrado consideró que su participación tiene que ver con "una suerte de corrupción". Actuó, "en la inducción a pistas falsas o retardatorias", sobre lo que en los primeros momentos era una búsqueda de paradero. A los cuatro policías enviados a prisión domiciliaria se les atribuye encubrimiento.

Paula tenía 34 años y dos hijos. La teoría de la Fiscalía apunta a que al negarse a hacer un aborto "por las buenas", fue privada de libertad para ser llevada a Timbúes, donde se le practicó el aborto que terminó con su muerte.