El ex jefe de la comisaría 19º y otros cuatro policías que estaban a su cargo, en 2014, son juzgados desde ayer por haber cometido delitos usando la institución policial como un "paraguas de impunidad". El comisario principal Guillermo Ruíz Díaz fue sindicado como jefe de una asociación ilícita calificada como una "maquinaria delictiva", dedicada a extorsiones, robos, falsedad ideológica, apremios y demás incumplimientos, en su función de oficiales de la fuerza. Los fiscales Adrián Mc Cormak y Sebastián Narvaja pidieron penas que van de los 8 a los 20 años de prisión, más multas de entre 12 y 150 mil pesos. "Los hechos bastan para que se hable de una asociación ilícita institucional, con tres componentes: una red preestablecida, un modo organizado de trabajo y una normativa que le da sustento y determina los roles y jerarquías. La misma se caracteriza por perdurar en el tiempo con apariencia de legalidad", dijo Narvaja. Los defensores se negaron a esa calificación penal, ya que durante la audiencia preliminar el juez de trámite, Carlos Leiva, la descartó. Para el Tribunal, se puede modificar la acusación hasta el juicio con el encuadre legal dependiente de la teoría del caso de la Fiscalía.

Los cinco acusados están presos desde el 23 de agosto de 2014, cuando la División Judicial de la Unidad Regional II, allanó la seccional de Bulevard Seguí al 5600. Para la Fiscalía "la asociación ilícita transita andariveles paralelos al andamiaje legal. La coexistencia de lo legal y lo ilegal provoca que los límites entre ambas se desdibujen todo el tiempo y se confundan. Montaron un sistema ilegal con un objetivo claro: la obtención de beneficios económicos. El jefe era el comisario, cuyo rol era ofrecer a todos los miembros el paraguas protector de la impunidad, con falsificación de actas. El personal de calle eran Sebastián Farini y Gustavo D'Angelo, que apretaban a las personas, las secuestraban y pedían dinero; mientras que Lucrecia Bustos y José Galván eran laderos del comisario. Las acciones y hechos deberán ser juzgados como una asociación ilícita", resumió Narvaja.

Frente a los jueces Hernán Postma, Mónica Lamperti y Hebe Marcogliese, Mc Cormack detalló cada uno de los cuatro casos. "Demostraremos cómo aprovecharon la estructura policial en la seccional 19º para cometer distintos hechos delictivos", anunció.

Uno de los hechos se perpetró el 29 de marzo de 2014, en Espinosa y Calchaquí, cuando dos policías del Comando Radioeléctrico hicieron un operativo que terminó con una detención y el hallazgo de un arma. "D'Angelo y Farini rápidamente llegaron al lugar y propusieron cambiar el arma y aprovechar para falsear actas de un allanamiento, a lo que se negaron los del Comando. Farini consultó a la fiscal y ésta ordenó que el detenido siga preso para imputativa. Pero, el detenido contará cómo Farini le pidió 3000 pesos para dejarlo en libertad. Su madre hizo la entrega y ellos labraron un acta falsa (con conocimiento del comisario) para decir que el acusado había asistido a su mujer en hecho de robo y que fue detenido por error. Así, otro fiscal le dio la libertad.

En otro caso, advirtieron que dos personas con antecedentes fueron heridas en una balacera del 16 de marzo de 2014. "Farini se presentó en la guardia y les dijo a los heridos que vayan consiguiendo plata o les armaría una causa". Tras averiguar quiénes fueron los autores, también los coimeó: "Detuvo a uno de ellos y cuando lo llevó a la seccional el comisario y Galván pidieron 30 mil pesos al padre, para liberarlo".

Otro episodio fue armado para engañar a un comerciante sin habilitación a quien le robaron mercadería. "Exigieron 25 mil pesos para no armarle causa y clausurarle el local", dijo el fiscal. Un cuarto suceso involucró a un matrimonio detenido y le solicitaron 10 mil pesos al hermano de uno de ellos para liberarlos. "Todo, sin dar aviso a Fiscalía".

Ante ello pidieron 20 años de prisión para el comisario Ruiz Díaz; 20, para Farini; 20 años para Galván; 16, para D'Angelo, y 8, para la oficial Bustos.