A partir de lo que trascendió en las audiencias imputativas por la megacausa de estafas y lavados de activos, sobre escuchas telefónicas en las que se menciona a una empleada del Registro de la Propiedad, el gobierno provincial presentó un pedido al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para obtener más información, e inició un sumario interno para investigar si hay involucrados en la causa. El subsecretario de Asuntos Registrales del gobierno provincial, Matías Figueroa, precisó ayer que la medida es general y no está destinada a una persona en particular. "Si detectamos una irregularidad, por mandato del gobernador, iremos a fondo con las responsabilidades administrativas que correspondan", aseguró el funcionario.

En uno de los hechos imputados a los acusados por la compra venta fraudulenta de un inmueble ubicado en Córdoba 7654, en las escuchas telefónicas se advierte que el escribano Eduardo Torres, quien había sido condenado en el 2006 por un delito similar, "tiene contactos con una empleado del Registro de la Propiedad de nombre Liliana que trabajaría en Mesa de Entradas y que esta relación es clave en la operatoria que realiza", según consta en el acta de la audiencia imputativa realizada el pasado viernes.

"Esta chica me habló esta mañana (por ayer), me dijo que podía estar para este lunes. Ella no pide ni contribución ni nada, está solicitando un préstamo de 10 mil pesos que ella devolvería en tres meses", le dice Torres a Roberto Aymo, que también está imputado en la causa, en una escucha realizada en octubre del año pasado.

"Si comprobamos que hay algún responsable lo vamos a apartar provisoriamente del cargo hasta que podamos dilucidar la responsabilidad que tenga", dijo Figueroa a este diario, para luego aclarar que en Rosario no tienen detectada ninguna falsificación de instrumento público dentro del Registro, pero que hace dos meses en la ciudad de Santa Fe sí detectaron una y realizaron la denuncia.

El funcionario subrayó que si en el Registro de Rosario hay algún indicio, "se tomarán cuanto antes las medidas administrativas preventivas para hacer la investigación de mejor manera". Figueroa explicó que lo que surge de la escucha es "apurar un trámite en contra de un préstamo que en teoría se pide, no hay falsificación interna en el Registro, no se está ofreciendo adulterar ese trámite".

También aclaró que la función del organismo es la de registrar. "El que establece el contenido de la escritura es el escribano, y por ende él da fe de ese contenido y se hace responsable del cuerpo de dicha escritura. Nosotros lo único que hacemos es ver si cumplimentaron con los requisitos formales e inscribirlos", dijo Figueroa.

La subsecretaría de Asuntos Registrales accedió a todos los documentos porque el organismo colabora con el MPA en la investigación. "Estamos encima de toda esta información, no detectamos nada que haya sido adulterado. Lo que saltó fue lo de apurar un trámite, algo que es común. Lo que no es común es que pida un crédito a contraprestación", concluyó.