"Mi nombre es Oscar Pascual Guerrieri. ¿Sabe cómo me dicen ahora? Oscar Perpetua, porque tengo tantas perpetuas..." El principal acusado en la causa que investiga delitos de lesa humanidad hacia 47 víctimas, de las cuales 24 continúan desaparecidas, recurrió al chiste sobre su situación procesal. "Todos los superiores que tuve están muertos, tengo unos cuantos juicios por haber sido jefe y segundo jefe de Unidad", dijo quien fuera jefe del Destacamento de Inteligencia 121. Guerrieri está preso desde hace 14 años. Juan Daniel Amelong y Jorge Fariña llevan 12 años detenidos. Los tres tienen condena firme a prisión perpetua.

De los diez acusados, cuatro gozan del beneficio de la prisión domiciliaria: Guerrieri, Marino González, Ariel López, que tiene un hijo discapacitado, y Eduardo Costanzo. Amelong y Fariña están en Marcos Paz, Juan Cabrera en Bouwer, en Córdoba; Walter Pagano y Rodolfo Isach, en la cárcel de Ezeiza. El único que declaró ayer fue Amelong, quien desplegó su menú de desprecio a la justicia y negación de los hechos. En ese contexto, dejó un par de frases: "Participé en el conflicto. Hice lo que tenía que hacer", dijo, aunque evitó los detalles, y remitió a su legajo. "La participación en el conflicto fue de todos los argentinos de bien de un lado y de todos los otros, del otro", subrayó el represor con condena perpetua firme.

Por primera vez, Amelong contestó preguntas del fiscal Adolfo Villate y de las querellas de Hijos, representada por Nadia Schujman y de la Secretaría de Derechos Humanos, representada por Santiago Bereciartúa. Se atuvo a su guión, y negó su probada participación en la Operación México que se realizó en enero de 1978, y que fue desbaratada por la decisión de Tulio Valenzuela de denunciar todo al llegar. Cuando Villate le preguntó si conocía la quinta La Intermedia (que pertenecía a su familia), Amelong no pudo negarlo, pero lo minimizó como "una fracción de terreno que compró mi padre".

El juicio -el noveno por delitos de lesa humanidad en los Tribunales Federales de Rosario- se desarrolla en el Tribunal Federal Oral número 1, integrado en esta ocasión por José María Escobar Cello, que lo preside; María Ivón Bella y Luciano Lauría. El debate continuará hoy con los testimonios de dos sobrevivientes del centro clandestino de detención La Calamita, Viviana Nardone y Luis Megías. También declarará -así lo adelantó ayer- el imputado Isach, detenido en Ostende en febrero de 2012, después de cuatro años prófugo. Es el único de los acusados que no tiene condena anterior.

También Cabrera estuvo prófugo hasta marzo de 2009. Vivía en Cosquín cuando fue apresado. Antes, trabajó en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de la ciudad cordobesa. Ayer consignó otro de sus empleos en democracia: integró el staff de la Defensoría del Pueblo cuando Norberto Nicotra era el titular de ese organismo. Cabrera era quien dirigía los interrogatorios bajo tortura en los centros clandestinos de detención dependientes del Ejército. Fue condenado a 25 años de prisión en la causa Guerrieri 2.

Tras la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, ayer se ofreció a todos los acusados la oportunidad de declarar, una garantía que poseen durante todo el proceso. Sin obligación de decir la verdad. Amelong aprovechó el momento para entregar al tribunal el libro Juicios de Venganza, del que es co-autor junto a Alberto González.

A contrapelo de las intensas muestras que ofreció la sociedad argentina de acompañar a los juicios, Amelong dijo ayer que el proceso "es un conflicto de mínimas minorías. Al resto del país no le interesa lo que sucede. La población en general ya se olvidó. Hay 10 personas de un lado, 20, 30 o 40 del otro, y ustedes en el medio. De esas mínimas minorías hay una que es muy bullanguera y se hace notar más", dijo quien se retiró como teniente coronel. A la hora de hablar de sus responsabilidades del "conflicto" (como llamó al terrorismo de estado) eludió cualquier precisión, remitiendo a su legajo. Del que -justo- desconoció la calificación de 1976, al decir era apócrifa.

En los juicios quedan al descubierto siempre algunos engranajes del sistema judicial. La sala de audiencias del TOF 1 tiene un enorme crucifijo situado encima del escritorio de los magistrados. Uno de los acusados, Ariel López, respondió que tenía una condena anterior y señaló la cruz para decir "después veremos". Escobar Cello le respondió: "Eso escapa al Tribunal". Para la querellante Schujman, "son las situaciones a las que se presta que siga habiendo crucifijos en un Tribunal federal. Eso tiene que ver con la conjunción entre Ejército, justicia e Iglesia que durante años concentró el poder en la Argentina".