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El juez Luis María Caterina hizo lugar a un recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría Penal General, ordenando la conformación de un mecanismo de detección preventiva de la tortura para los adolescentes que ingresen al IRAR. El magistrado hizo lugar "al recurso de hábeas corpus en lo relativo a la comprobación de eventuales torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en el lugar de detención, y aceptar la propuesta de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, fijando un término de treinta días para se presente propuesta de evaluación al ingreso por profesional médico de la institución (o en su caso por derivación) para una mejor adecuación al Protocolo de Estambul y según las propuestas que formulara escuetamente".

"Es una gran victoria para todos los jóvenes que son derivados a este centro de detención", dijo el secretario de Prevención de la violencia institucional Enrique Font.

En cuanto a la resolución judicial, Caterina opinó que "los alcances de la aplicación en el ámbito del IRAR, de los protocolos de Estambul, cuya instrumentación ha resultado ser una preocupación compartida y cuya vinculación con normas de rango constitucional, exime de mayores aclaraciones, restando solo analizar cómo ha de ser la instrumentación concreta".

En ese sentido, el juez entiende que "se cumple con los tratados internacionales que en la revisación médica exhaustiva que se ha propuesto, más los agregados antes considerados, que al ingreso al IRAR, se deje constancia que se han comprobado o descartado prácticas de torturas y otros malos tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes".