El gobierno municipal terminó ayer de elaborar el proyecto oficial tendiente a incorporar 500 chapas de taxis. Si el intendente Miguel Lifschitz envía el mensaje hoy mismo al Palacio Vasallo, los concejales lo tratarán sobre tablas y el oficialismo cuenta con los votos para convertirlo de inmediato en ordenanza. Las nuevas licencias costarán al menos 20 mil pesos, durarán 10 años y serán intransferibles. Los nuevos coches deberán ser 0 kilómetro, tendrán que circular las 24 horas del día, estarán obligados a incorporar el sistema satelital GPS y contar con al menos un mecanismo de seguridad interno. Tras conocer extraoficialmente el contenido de la inciativa, desde una de las cámaras que agrupa a los actuales titulares de licencias amenazaron con medidas de fuerza. "Estamos totalmente en contra de este proyecto, vamos a hacer una asamblea para analizar las acciones a realizar", adelantó Mario Cesca (Atti).

Lifschitz y la secretaria de Servicios Públicos, Clara García le dieron ayer los últimos retoques al mensaje del Ejecutivo que promueve sumar 500 taxis para darle cobertura a la demanda de los pasajeros. Anoche, sesde la secretaría Parlamentaria confirmaron a este diario que la iniciativa no había ingresado por Mesa de Entradas al Palacio Vasallo.

Si el intendente decide enviar el mensaje hoy mismo, el socialismo pedirá su tratamiento sobre tablas. Al no contar con despacho de comisión, requiere de una mayoría especial para habilitar su tratamiento (dos tercios de los ediles). El justicialismo, actor clave para garantizar la maniobra, adelantó ayer a través de su presidente de bloque, Arturo Gandolla, que dará su aval, previo pedido de cuarto intermedio.

Una vez habilitado el expediente, en el recinto el oficialismo cuenta con los votos para convertirlo rápidamente en ordenanza. De aprobarse el proyecto tal cual lo elaboró la intendencia, mediante el mecanismo de "convocatoria pública" se pondrán a disposición hasta 500 nuevas chapas: 300 serán para personas físicas y las restantes para personas jurídicas.

En el mensaje del Ejecutivo se aclara que los particulares que ya cuentan con chapas no van a poder comprar más, pero sí las personas jurídicas que van a poder hacerlo aunque con un tope: no más de 30 chapas.

El precio de cada chapa fue establecido en 20 mil pesos. En el caso de las personas físicas, si las ofertas a presentarse superan la cantidad de chapas a licitarse se hará un sorteo público. Para las personas jurídicas se tendrá en cuenta la oferta económica presentada, que de todos modos no podrá ser inferior a los 20 mil pesos.

De acuerdo al plan del municipio, las unidades deberán incorporar el sistema de localización satelital, contar con algún sistema de seguridad, tener radiollamada y prestar servicio 24 horas al día al menos con dos choferes. El proyecto establece que las chapas serán intransferibles y sólo podrán venderse tras el fallecimiento del titular, se otorgarán por diez años a partir de la efectivización del servicio y los autos deberán ser unidades cero kilómetros o a lo sumo modelo 2006. Además, el baúl del auto deberá ser lo suficientemente grande como para poder trasladar los elementos de movilidad de personas con discapacidad motriz.

Consultado por Radio Dos, Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes, no ocultó su rechazo a la iniciativa y adelantó que realizarán una asamblea para decidir eventuales medidas de fuerza. "Lo estamos evaluando porque en las bases hay repudio total y como dirigente no nos vamos a exponer a que nos corten la cabeza", aseguró.

Cesca recordó que está en vigencia una ordenanza "que dice que cada 350 habitantes debería haber un taxi, pero esta norma es violada desde hace tiempo en más de 200 unidades. Ahora aumentamos esa violación", se quejó.

El titular de Atti aseguró que pese a la incorporación de nuevas chapas, no hay choferes disponibles. "Lo que va a pasar es una transferencia de los que hoy estamos andando a los nuevos, por ende los que estamos ahora circularemos menos horas", alertó.

Al mismo tiempo desconfió de las exigencias que deberán cumplir las nuevas unidades. "Si a nosotros no nos lo pudieron hacer cumplir porque no tienen autoridad ni poder de policía, ¿cómo van a hacer con los otros?", se preguntó Mario Cesca, haciendo alusión al cronograma de horarios obligatorios y a la incorporación del sistema de radiollamada que los actuales tacheros lograron frenar a través de un recurso de amparo presentado ante la Justicia.