El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, reveló ayer que tres testigos en causas donde se investigan crímenes de lesa humanidad solicitaron custodia en el marco del Programa Provincial de Protección de Testigos, que se lleva adelante con efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Se trata de Fernando Brarda (ex detenido en un centro de detención de Fisherton), Oscar Bustos (cuyo testimonio dio origen a la causa La Calamita), y una tercera persona de apellido Cabral que vive en Santa Fe, según reveló ayer el titular de la cartera política a este diario. Rosúa también adelantó que "la Nación envió los fondos para comenzar a operar con el sistema de teléfonos celulares, implementando el llamado 'botón de pánico' y la ubicación del testigo mediante un sistema de rastreo GPS".

"Nuestro Programa de Protección de Testigos esta más avanzado que otros que tienen más difusión periodística", remarcó a Rosario/12 el ministro de Gobierno, y explicó que "el Sistema de Protección de Testigos, por decreto Nº 76 del gobernador de la provincia y resoluciones policiales que dan cumplimiento al mismo, crea una Unidad Especial que dirige el jefe de las TOE, y que tiene asiento en Rosario, Santa Fe y Reconquista donde están los tribunales federales que entienden en estas causas.

-¿El Programa está operativo?- preguntó este diario

-No sólo que está operativo sino que ya tenemos tres casos de testigos a los que estamos custodiando, algunos de los cuales no solo hubo que cuidarlos dentro del territorio santafesino sino acompañarlo hasta entregarlo a una unidad de la Policía Federal en Buenos Aires, porque debía viajar. Por otro lado en la mañana de hoy (por ayer) se nos confirmó que desde la Nación tenemos parte de los fondos para solventar los costos con Telecom para poner en funcionamiento el servicio que ya aprobamos por decreto para implementar el llamado 'botón de pánico' en el teléfono celular, al igual que el GPS que permite ubicar geográficamente al poseedor del aparato en caso de ser necesario. El dinero prometido ronda el medio millón de pesos y nos permitirá implementar el servicio a los casi 500 testigos que tenemos en la provincia de Santa Fe en condiciones de declarar", contestó Rosúa.

Lo cierto es que más allá de la ampulosidad e ironía con que Rosúa exhibe la operatividad del Programa, vale decir que todo se disparó casi de imprevisto cuando el lunes de la semana anterior llegó hasta los tribunales federales de Rosario, Fernando Brarda, preocupado por una serie de llamadas intimidatorias hacia su persona recibidas por un familiar que vive en Rosario.

De inmediato se produjeron consultas telefónicas desde la sede federal para conseguir una custodia de una fuerza nacional para que Brarda regresara a Buenos Aires, y que a su vez custodiara al familiar a través del cual lo habían amenazado de muerte. "Pero nos encontramos que ninguna fuerza federal lo custodiaría sin el aval explícito del ministro del Interior Aníbal Fernández", reveló una fuente judicial a este diario.

Allí entró en acción el Programa Provincial que con efctivos de las TOE de inmediato se hizo cargo no solo del traslado de Brarda hacia Capital Federal, sino también de la vigilancia del domicilio del familiar amenazado.

El Programa de Protección y Atención de Testigos en grado de exposición y riesgo, fue creado a mediados de enero de este año con el objetivo de "limitar la exposición de habitantes santafesinos, testigos en causas federales, que en razón de la importancia de sus declaraciones como prueba relevante de cargo en procesos penales en que son investigados o juzgados ex represores, puedan encontrarse en una situación de riesgo o peligro".

Con esa finalidad se formó una "unidad especial que funciona en el ámbito de la policía y dependerá del jefe provincial, con personal entrenado y capacitado en la misión de custodia de testigos".