El aumento de la tarifa de taxis y la de remises se aprobará el próximo jueves en la sesión del Concejo Municipal ya que ayer hubo consenso entre todos los bloques que integran la comisión de Servicios Públicos que trató el mensaje remitido por el ejecutivo municipal la semana pasada. El despacho al que se arribó contempla que la bajada de bandera costará $ 2.20 para los taxis y $ 2.90 para los remises, mientras que la ficha estará en $ 0.12 y $ 0.14 respectivamente, con un adicional de $ 0.70 centavos para quienes usan el servicio de radiollamada para los taxis. La comisión aprobó también pedir a la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia una verificación semestral de la relación laboral y que los titulares de cada unidad adopten una de las medidas de seguridad sobre las que se conversó en los últimos tiempos, esto es la barrera de protección, la luz de alarma o el sistema de seguimiento satelital. Los titulares de taxis están disconformes con el acuerdo de Servicios Públicos y pidieron la mediación del Colegio de Abogados y el sindicato que reúne a los peones también expresó su desacuerdo ya que pretendía que los empesarios firmaran el convenio colectivo antes que se dé el aumento tarifario. Asamblea y posibles medidas a partir del lunes, entre ellas el escrache a titulares y concejales.

"Nos llamaron cuando la reunión ya había terminado y todo era un hecho consumado" se quejó ante Rosario/12 el titular de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes quien opinó que "si se aprueba el incremento no representa gran cosa más allá de la novedad de los 70 centavos por el sistema de radio". Para Cesca se comete "un gran error al no diferenciar el servicio de taxis y de resmises porque el costo del

primero con el adicional es igual al segundo", dijo mientras aseguró que "siguen improvisando sobre este tema".

La reunión de Servicios Públicos terminó algo después de las 11 cuando los titulares de taxis que estaban frente al Palacio Vasallo se reunieron con algunos concejales y mostraron su descontento. Cesca explicó que habían pedido la mediación del Colegio de Abogados de Rosario para dirimir "el conflicto por la vía pacífica". De allí que dijo que por ahora se aceptaba lo aprobado por la comisión de Servicios Públicos a la espera de si "la otra parte acepta la mediación porque de lo contrario nos queda la vía del enfrentamiento con medidas de acción directa o la de recurrir a la justicia".

Según Mario Cesca los concejales se "metieron" con dos cosas en las que "no debían intervenir". Se referían a la relación laboral "que debe ser resorte de la Secretaría o del Ministerio de Trabajo" y sobre el tema de la seguridad opinó que hay "mala intención" en los concejales porque sostienen "que ellos no se harán responsables por los daños y perjuicios que pudieran producirse a partir del sistema elegido".

Mientras tanto el titular de la comisión de Servicios Públicos, el edil socialista Pablo Colono explicó que en el tratamiento del mensaje del Ejecutivo se tuvo en cuenta el estudio de costos hecho por la Secretaría de Servicios Públicos en base al que había hecho la UNR y los propios taxistas a través de ATTI. En el tratamiento del mensaje se acordó además la modificación de la ordenanza 6678 que planteaba distintos métodos relacionados con la seguridad. Esa modificación fue planteada por el concejal Jorge Boasso para que los titulares de licencias puedan elegir por algunas de las tres opciones mencionadas,la barrera de protección mecánica, la alarma de pánico con luces indicadoras o el sistema de georeferencia.

"Esto cayó muy mal a todo el mundo" dijo José Iantosca de Catiltar quien insistió en que el aumento "es muy escaso. También se mostó disconforme respecto de tener que elegir un sistema de seguridad: "es una barbaridad, hasta ahora no se había aprobado porque la provincia no se quería jugar y decir cual es el sistema más seguro de todos".

Desde el Sindicato de Peones de Taxis, su secretario general Horacio Boix también expresó la disconformidad del gremio "porque pretendíamos que no se dé el aumento de tarifas hasta tanto se firmara el convenio colectivo que fue rechazado tiempo atrás por Catiltar". Boix anunció que el lunes a las 18 se hará una asamblea donde se evalauarán los pasos a seguir, entre ellos un "escrache" a los titulares de taxis y a los integrantes del Concejo Municipal, aunque tampoco descartó la posibilidad de medidas de fuerza.