Un grupo de particulares, apoyados por la Unión de Usuarios y Consumidores, presentarán ante la Justicia una medida cautelar para impedir que entre en vigencia el cobro del denominado "servicio de playa" en las estaciones de servicio de la ciudad por considerar injusto ese cargo de comercialización de 15 centavos por litro. El valor a cobrarse en los comercios rosarinos a partir del 15 de mayo fluctúa hasta alcanzar el 10 por ciento sobre el precio al público. "La implementación no es sencilla, pero tiene el objetivo de suplir la baja rentabilidad con la que se trabaja actualmente, además de las significativas cargas fiscales que inciden en la ecuación", señaló Rubén Fernández, de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni). Frente a este panorama que pondrá a los consumidores en la obligación de pagar un aumento encubierto, sin poder elegir cargar en estaciones que no lo cobren, un grupo de particulares patrocinados por la abogada Marisa Malvestiti presentará un recurso basado en la ley 10.000 de intereses difusos, que intentará frenar el aumento por inconstitucional.