Un informe revelado ayer por el Centro de Estudios de la Concejalía Popular confirmó el sostenido aumento de los alquileres en Rosario. Según las estadísticas manejadas por la organización, en lo que va del año, alquilar un departamento de dos dormitorios -los más demandados por los inquilinos- cuesta en promedio 800 pesos mensuales, un 35% más que lo que se pagaba el año pasado; mientras que encarar una renovación de contrato significa un desembolso cercano a un 80%, en relación al contrato anterior. Por este motivo, el concejal del ARI, Nire Roldán, insistió en la creación de un Servicio Público de Alquileres y el Registro Unico de Locaciones Contractuales, que aliviarían el problema de miles de familias. Desde las inmobiliarias desconfían de los datos, y además piensan que cualquier intento de intervención en el mercado dispararía aún más el costo de los alquileres. Para Pablo Porta, vicepresidente de la Cámara de Inmobiliarias rosarinas, dar a conocer el informe es contraproducente, ya que "cuando los propietarios lean que renovar un alquiler cuesta un 80% más, van a querer que su renta contemple este incremento".

Espantados y angustiados. Es la realidad de aquellas familias que negocian la renovación de sus contratos de alquiler. El presidente del bloque de Concejales del ARI, Nire Roldán, manifestó ayer su preocupación por el tema, dando a conocer el informe realizado desde la Concejalía Popular. "En mayo del año pasado, cuando concluíamos la encuesta de inquilinos pusimos de manifiesto que el precio de los alquileres había aumentado en más de un 100% desde el 2003. Un departamento de dos dormitorios se alquilaba por $ 500 en el 2005, por lo cual estamos hablando que quien debe renovar hoy su contrato de alquiler, se encuentra con que deberá abonar una suma de dinero que se incrementó en un 76%", precisó el edil.

"Por otra parte ﷓agregó Roldán﷓ el informe anterior denunciaba que esta tendencia en los aumentos continuaría, y fue minimizada por quienes prestan servicios inmobiliarios argumentando que la finalización de muchas obras edilicias bajarían los precios. A pesar de que la oferta inmobiliaria ha crecido notablemente en la ciudad, la crisis habitacional se ha profundizado y el precio de los alquileres continúa en alza".

Para el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria la presentación de Roldán tiene un claro "objetivo político y es demagógico". En declaraciones a Canal 3, Porta manifestó que "cuando los propietarios lean que salió un informe indicando que los alquileres subieron un 80%, van a querer que su renta contemple este incremento. Destrabar esto implica poner sobre la mesa un análisis mucho más profundo que tirar una estadística".

El informe detalla, por ejemplo, que para una familia tipo, el canon de una locación de una vivienda de dos dormitorios cuesta entre $ 650 y $ 1.800; diferenciado por su ubicación, el costo para este tipo de viviendas en el centro promedia los $ 885, en el macrocentro $ 860, en los barrios es apenas inferior a los $ 700; y una casa en la periferia promedia los $ 890. En tanto, alquilar una vivienda de tres dormitorios, cuesta $1.425 en promedio para casas, y para departamentos alrededor de $1.350, reflejando un aumento superior al 42%, respecto de mayo de 2006.

Las condiciones de ubicación son determinantes cuando se analizan los aumentos de valores para unidades monoambientes y de un dormitorio. En ese sentido, el informe destaca que alquilar un inmueble de un dormitorio cuesta alrededor de $ 675 en el centro, en macrocentro $ 575, y en los barrios promedian los $ 550, registrándose un incremento del 39% en el centro, 29% en los barrios y un 18% en el macrocentro. Respecto de los monoambientes, el informe alerta que un canon promedio a mayo de 2006 era de $ 372, en cambio en la actualidad supera los $ 475.

Roldán señaló la importancia de crear un Servicio Público de Alquileres y el Registro Unico de Locaciones Contractuales para aliviar y buscar soluciones a la problemática habitacional de los inquilinos. El primero de los proyectos propone la creación de un organismo municipal, con autonomía técnica y administrativa y autarquía financiera que intervenga en la dinámica del mercado de alquileres de vivienda y locales comerciales, facilitando las transacciones y priorizando los derechos de las partes. El segundo tiene por finalidad transparentar las condiciones y relaciones de contratación, mediante la inscripción de cada uno de los contratos formalizados, con carácter obligatorio para los corredores inmobiliarios y/o intermediarios, para verificar y controlar la legalidad y legitimidad de los convenios.