Rosario fue sede esta semana de la Jornada Nacional de Consumidores y Usuarios, en el marco del 44º encuentro de la Comisión de Organismos de Defensa del Consumidor (C.O.D.E.C.), que organizaba el evento en conjunto con la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor y el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. El objetivo de la Jornada fue "lograr que se apruebe una legislación provincial que regule toda la temática del derecho del consumidor con un procedimiento abreviado a los fines de hacer efectivos los reclamos de los consumidores", apuntó la titular de la Oficina Municipal de Defensa del consumidor, Analía Carrió, y agregó que en Rosario hay una consigna que "es siempre el hecho de trabajar en forma conjunta con comerciantes, con productores locales, con la finalidad de que esto no se vea como algo que ataca a un sector, sino como un trabajo concertado sobre la producción del comercio y del consumo".

En este contexto, la funcionaria explicó que "hay un proyecto presentado por nosotros el año pasado que es la creación de una red de oficinas municipales de defensa del consumidor en toda la provincia", y en segundo lugar hay un Proyecto de Ley que presentó el diputado Raúl Lamberto, que "tiene la intencionalidad de hacer efectiva la ley nacional", afirmó y detalló: "Es tener una ley propia en la provincia de santa fe, donde distribuye competencias a los efectos de que la gente sepa adónde, cómo y cuándo dirigirse cuando tiene una problemática referida al consumo. Dándole legitimación activa -que sería poder representar a la gente en la justicia- solucionando conflictos, e incluso sancionando a los municipios o a la provincia, y dándole legitimidad a las ONGs que están constituidas en la provincia de santa Fe".

Así, acordó con la posibilidad de que si estas leyes se cumplieran se rompería el mito popular del ¿para qué me voy a quejar si no cambia nada?: "Nosotros queremos romper con ese mito porque justamente hay que generar ciudadanía, y generar ciudadanía es tratar de que la gente tenga una acceso viable a la información, un acceso a la educación, y que realmente puedan solucionar las cuestiones en la justicia", sentenció.

Por su parte, el doctor Gabriel Stiglitz, Juez de apelaciones de la provincia de Buenos Aires y miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, aseguró que la legislación necesaria está, y puntualizó que "a nivel nacional tenemos normas muy importantes. Por empezar, la propia Constitución Nacional tiene un artículo que es el más importante del mundo -el 42- que consagra los derechos de los consumidores y establece el deber de las autoridades de proteger a esos derechos", y en segundo lugar, "la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, consagra soluciones de fondo sustanciales, importantes para la mayoría de las cuestiones relevantes de la defensa del consumidor". Sin embargo, argumentó que los actuales conflictos se deben al incumplimiento de la ley por parte de las autoridades: "Lo que falta es implementación, tanto en la justicia como en la administración pública".

Además, Stiglitz descargó contra el Ministerio de Economía de la Nación al afirmar que "el Ministerio de Economía evidentemente no tiene la voluntad de colocar el interés general por sobre el interés económico de las empresas. Lamentablemente está claro que hay un mayor progresismo a nivel político en el gobierno nacional, pero las cosas se siguen manejando desde el Ministerio de Economía".

Informe: Paula Kearney