El Concejo aprobó ayer un proyecto del edil Juan Rivero (Frente Progresista Cívico y Social) expresando su preocupación "ante muertes de represores en momentos previos a su juzgamiento en la justicia por delitos de lesa humanidad", ocurridos en la última dictadura militar de 1976. El concejal oficialista -que es querellante en las causa de Ex Fábrica Militar Domingo Matheu- presentó la iniciativa "luego de la muerte del teniente coronel Paul Alberto Navone en la localidad de La Granja, Córdoba el pasado 25 de febrero y sumado a la muerte del prefecto Héctor Febrés en diciembre pasado".

La causa de Fábrica Militar será elevada próximamente a juicio oral para el juzgamiento de represores que actuaron en el ámbito del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. En este sentido el edil expresó la necesidad de que se le brinden las seguridades necesarias "a todos los represores que deban declarar en las causas por delito de lesa humanidad en diferentes juzgados del país", teniendo en cuenta "la importancia de la información que puedan aportar".

Rivero recordó que "la causa judicial contra Navone, fue reactualizada por el represor Eduardo Tucu Constanzo quien cumple arresto domiciliario en Rosario acusado de participar en la represión ilegal en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército". Y agregó que "la abogada Marina Barbagelata, querellante en la causa por la apropiación de bebes en Entre Ríos dijo que, "surge del relato de ese testigo que cuando Navone se desempeñaba en el Area de Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército, había desarrollado toda la logística para que el grupo de tareas que trasladaba a Raquel Negro embarazada desde un centro clandestino de detención en Rosario, pudiera manejarse en esa jurisdicción con total tranquilidad, sin ningún inconveniente".

En causas por delitos de lesa humanidad hubo otros hechos similares: en julio del 2003, el prefecto Juan Antonio Azic, se pegó un tiro en la boca también con una 9 milímetros pero sobrevivió.