Desde Santa Fe

En su proyecto para estatizar la autopista Santa Fe Rosario, el diputado Antonio Riestra explicó la trama de una concesión que la empresa Aufe SA explotó durante dieciséis años, desde 1994 hasta el 28 de junio último. "Aufe era una empresa controlada por la constructora Dycasa, vinculada a su vez con Dragados SA de España, que a nivel global se mueve bajo la órbita del Grupo March, uno de los principales grupos privados empresariales y financieros españoles", dijo.

"En las últimas dos décadas Dycasa ganó posiciones en el sector vial argentino controlando o participando en Semacar SA. (Servicio de Mantenimiento de Carreteras), Aunor SA. (Autopista del Noroeste), Autopistas del Sol y Covisur SA. (Concesionaria Vial del Sur). Y también controla Probiar (Productos Bituminosos de Argentina) que tiene por objeto social "la fabricación, comercialización, compra, venta, distribución, comisión y consignación de emulsiones asfálticas, lechadas asfálticas, betunes polímeros, ligantes especiales, sus materias primas, productos, subproductos y maquinaria, y sus repuestos relacionados con la actividad", y la UTE Aufe dedicada a obras de mantenimiento de calzadas y pavimentación".

"Con este entramado de sociedades, Aufe desarrolló una contabilidad ficticia que pudo servir para perjudicar a los usuarios y al Estado santafesino. Tal como se desprende de los balances de la empresa concesionaria, sus principales costos surgían de las contrataciones para señalización y pavimentación efectuadas con Probiar y la UTE Aufe, ambas integrantes del grupo Dycasa", explicó Riestra.

"De esta manera, a través de operaciones entre firmas del mismo grupo, que además no pueden ser auditadas por el organismo de control provincial, por decisión de los funcionarios que elaboraron el pliego de concesión, la empresa Aufe pudo maximizar beneficios y ocultar utilidades a lo largo de los últimos quince años".

"El saldo de esta experiencia fueron interminables reclamos cruzados por incumplimientos contractuales, renegociación permanente, amenazas de judicialización y un progresivo deterioro de la calidad del servicio, que está a la vista de todos los que transitan por la autopista", concluyó Riestra.