Graciela Acosta tenía 35 años cuando la asesinaron. Se había afiliado al Partido Comunista unos meses atrás de la mano de su amiga y quien era un verdadero cuadro político, Mónica Cabrera, una mujer que llegaba al PC desde el peronismo. Acosta estaba desocupada.

Hacía algunos trabajos de limpieza cuando conseguía, justo en una zona en la que no había mucho dinero.

Cuando la madre de César, y otros seis chicos y adolescentes cayó sin vida, Cabrera, cuyo departamento en el FONAVI estaba enfrente del de Graciela Acosta, la sostuvo por la espalda y así se quedó con la bala de un arma policial en su mano. La herida de muerte fue con orificio de salida. La investigación judicial fue enmarañada como la de las otras víctimas de los días de diciembre de 2001. Las muertes de Claudio Lepratti, Yanina García, Ricardo Villalba, Walter Campos, Juan Delgado y Rubén Pereyra se convirtieron en un fárrago de papeles sin que se llegara a la verdad por los asesinatos que la policía provincial cometió y cuyos autores intelectuales nunca aparecieron. La constitución de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los Hechos del Diciembre Trágico -formada por diputados nacionales, provinciales y representantes de organizaciones no gubernamentales trabajó y reclamó por todas las vías, pero nunca hubo voluntad política de investigar. El entonces gobernador Carlos Reutemann ni siquiera concurrió a declarar por su responsabilidad al frente del Ejecutivo provincial.

En el caso Acosta, recién en 2007, después de que parecían invalidadas todas las pruebas y testimonios de la investigación que llevaba adelante el juez de Instrucción Osvaldo Barbero, fue la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario a través del fallo de Rubén Juckic, Guillermo Fierro y Antonio Oscar Paolicelli, el que consideró que el policía Luis Armando Quiroz era el autor material del crimen. Lo comprometían pruebas lapidarias, una pericia de Gendarmería Nacional que demostró que el disparo salió de su arma reglamentaria y también el testimonio de un periodista, Marcelo Nocetti, que había conversado con él cuando disparaba contra la gente agolpada en las puertas de La Gallega. Antes el juez de Sentencia Ernesto Genesio había absuelto a Quiroz por el beneficio de la duda, pero el Tribunal de Alzada tomó otra decisión y le aplicó la condena de 11 años.