Ante la citación de la Justicia, ayer Eduardo López respondió con un clásico: se aferró a una argucia legal para dilatar los tiempos judiciales y, al menos, postergar el inicio de las investigaciones de la denuncia por "administración fraudulenta" presentada contra la anterior Comisión Directiva por las actuales autoridades del club. Junto al ex presidente habían sido convocados por la jueza Raquel Cosgaya otros 18 ex dirigentes de la entidad que participaron del gobierno de López.

Uno de ellos, el ex vicepresidente Miguel Muñoz, requirió un pedido de "revocatoria" a la citación de la audiencia llamada por la jueza, petición que dio lugar la magistrada, por lo cual el paso de los ex dirigentes rojinegros por Tribunales se producirá recién el año que viene. La jueza llamó a las partes para resolver si el club actúa como querellante en el expediente, tal cual solicitaron los patrocinantes de la entidad del parque Independencia.

El abogado de Muñoz fundamentó la solicitud de "revocatoria" a la audiencia por "fallas" en la citaciones cursadas por el juzgado a no aclararse que Guillermo Lorente y Pablo Morosano, presidente y secretario de Ñuls, respectivamente, debían concurrir en representación de Ñuls.