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El sábado 1º de agosto del 2009 cuatro integrantes de Giros se aprestaban a realizar las tareas de trabajo territorial que desarrollaban desde hacia un año y medio en el barrio Empalme Graneros, cuando personal de la comisaría 20 los llevó detenidos "por averiguación de antecedentes". Luego de innumerables gestiones de abogados, medios de comunicación y movimientos sociales y de haber sufrido una fuerte violencia psicológica, fueron liberados luego de dos horas de detención.

En horas del mediodía los cuatro integrantes de Giros, Tomás Monteverde, Víctor Velasquez, Nahuel Bueno y Juan Manuel Lorda, se encontraban en la parada de colectivos de Juan José Paso y Cullen esperando a otros compañeros cuando un patrullero de la comisaría 20 con dos efectivos a bordo los requisó, y sin mediar explicación alguna, los obligaron a subir "por averiguación de antecedentes".

Los militantes de Giros se identificaron como parte de la organización ya que conocían previamente a los oficiales, que habían estado presentes cuando las topadoras derrumbaron un centro cultural hacía apenas tres semanas. Al llegar a sede policial se encuentran con todos los policías que habían estado presentes en el desalojo del centro cultural y en el posterior piquete de reclamo. Acto seguido los policías les ordenaron a desnudarse por completo y pararse contra la pared para una requisa.

La explicación que se dió desde la comisaría fue que "teníamos la orden de levantar a todos los que no sean del barrio, porque los sábados a la mañana hay muchos robos a repartidores. Es sólo una averiguación de antecedentes".

La jueza de instrucción Raquel Cosgaya procesó a los policías Pedro Nicolás Altamira y Miguel Angel Vega como autores penalmente responsables de los delitos de privación de la libertad abusiva y sin cumplir con las formalidades, además de sustraccción, retención, ocultamiento de personas con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad".

Esta causa se encuentra en período de juicio, cerca de la finalización del período probatorio.

El delito de tormentos fue descartado (los jóvenes fueron obligados a desnudarse) a pesar de haber sido imputado porque la jueza Cosgaya consideró que era palabra contra palabra, como si en este tipo de delito podría existir alguna otra prueba.