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El gobernador Hermes Binner desechó cualquier otra vía que no sea la legislativa para responder a los reclamos de numerosas poblaciones que denuncian ser fumigadas con agroquímicos, porque si no es por ley exponemos a una catarata de juicios". Sin embargo para el médico Medardo Avila Vázquez (de la ONG Médicos de Pueblos Fumigados) no habría que esperar este trámite por miedo a los juicios: "Sería al revés de lo que plantea el gobernador, no habría juicios si proteje la salud de la gente, pero sino lo hace deberíamos tener más juicios en contra de las autoridades y los productores que están envenenándonos".

Binner fue consultado sobre la problemática de pueblos fumigados por agroquímicos y argumentó que "hay una media sanción de diputados de una ley que reduce el uso de estos productos fitosanitarios, pero que no es ley porque el Senado, con mayoría del PJ, no lo trató".

Consultado entonces si no correspondería desde el Ejecutivo provincial que se brinde algún otro tipo de paraguas protector a estas comunidades que claman una intervención del propio Estado, contestó: "No podemos actuar por una idea nuestra sino con un marco legal que nos permita hacerlo. Hay muchos intereses económicos y no podemos generar una andada de juicios que después se deberán pagar. Hoy los intereses vinculados a los agroquímicos son muy grandes, así como a las semillas. Así que si no se regula por ley es muy difícil de controlarlo".

Sin embargo la situación es diametralmente opuesta para el médico Medardo Avila Vázquez, quien era el Secretario de salud de la ciudad de Córdoba que denunciara a un fumigador aéreo y dos productores sojeros, por fumigar sobre el barrio Ituzaingó donde se comprobaron 200 casos de cáncer, y que resultaron las primeras tres personas juzgadas por este delito en el país. "Las autoridades provinciales y nacionales han evitado tomar medidas en favor de la salud de la gente, y siguen priorizando los derechos comerciales del sistema agroindustrial. A pesar de esto hemos logrado en muchas localidades que los presidentes comunales, enfrentándose incluso con los productores, aprueben ordenanzas restringiendo las fumigaciones o prohibiendo que ingresen los `mosquitos` al pueblo. Y son medidas que no han tenido ningún costo".