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Tomás G. Orso integra la Cámara Penal de Venado Tuerto junto a Fernando Vidal y Héctor López, los tres en calidad de vocales. Ellos firmaron la resolución 03 del 8 de febrero pasado confirmando la denegatoria de homologación de juicio abreviado que había sido negada en primera instancia y apelada por fiscales y por la defensa de los acusados José Darío Guajardo, Enrique del Valle Zapata y Walter Darío Guzmán.

El camarista Orso dijo a Rosario/12 que no se trata de un fallo anti-abreviado, "pero para llegar a ese proceso, las partes deben ponerse en un todo de acuerdo, ese acuerdo debe ser pleno y no puede estar supeditado a que se lo limite o se lo supedite a un hecho futuro, como puede ser un planteo de nulidad, ya que la defensa dijo expresamente que había temas que quedaban fuera del acuerdo, entre ellas las presuntas torturas y vejaciones que se están investigando. Otros planteos hacían alusión al Estado de indefensión por falta de defensor durante meses del principal imputado, Guzmán, y eso sí puede generar la nulidad de pruebas incriminatorias".

-¿Pero la Cámara fue recusada por fiscales y por la defensa?

-Sí nos recusaron porque plantearon que había pre opiniones, ya que la Cámara había intervenido en apelaciones anteriores. Pero la recusación se rechazó porque el estudio, o el análisis en cuestión, era totalmente ajeno a esas anteriores apelaciones. Estas problemáticas se presentan en distritos chicos. Por eso ahora se va hacia el juicio oral, que comenzará el 12 de marzo próximo, con la integración de un tribunal a cargo de Gastón Jaúregui, Adrián Godo y Javier Prado y se desarrollará en la sala de audiencias del juzgado Penal de Rufino.

El abogado Gregorio Gómez, defensor de los tres imputados, dijo respecto de la denegatoria del juicio abreviado: "Seguimos desconociendo a los integrantes de la Cámara Penal porque se los recusó y todavía están en trámite recursos que se plantearon oportunamente, como el de inconstitucionalidad y se prepara uno de queja. Sostenemos que la Cámara no tiene jurisdicción para emitir ningún tipo de fallo ni decretos en este caso".

Gómez explicó que la constitucionalidad se viola porque se producen flagrantes irregularidades como es el derecho al debido proceso, el derecho a defensa, el principio de igualdad ante la ley "y por tanto, cualquier acto que se pretenda validar, contrario a la Constitución, es nulo. Por eso los detenidos comparecieron ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia ya que existe una situación de gravedad institucional, es decir que no hay orden jurisdiccional que pueda actuar con legalidad y que responda a los planteos que es necesario hacer formular".

Por último, Gómez señaló que "este caso podría ser un segundo caso Fraticelli, ya que existe la misma gravedad institucional e inclusive intervienen algunas personas que actuaron en esa causa".