Superada la conmoción inicial, la polémica abrazó al caso del primer atentado directo contra un gobernador en Santa Fe. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, volvió a decir que, a su entender, el narcotráfico en Santa Fe "comenzó a incubarse en la gestión de (Hermes) Binner, sobre todo en cuanto a la connivencia de un sector de la fuerza policial con el delito". Y el ex gobernador lo cruzó: "Es una maniobra para politizar una situación preocupante. El ministro no puede decir lo que dice, o desconoce o tiene mala fe. No olvidemos que estamos hablando de un delito federal". El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, pidió que la Nación envíe 400 efectivos federales a vigilar rutas nacionales y accesos a Rosario.

Ayer Bonfatti se mostró "dolido" de quienes hablan del atentado sufrido "para sacar tajada política". Un reproche tácito a quien 72 horas antes se sentó a su diestra para expresar el apoyo del gobierno nacional. "No hay que partidizar, este tema viene desde hace muchísimos años. Estamos ante un enemigo que tiene poder, entonces coordinar esfuerzos entre los distintos niveles del Estado y hacer inteligencia común no es un capricho", dijo.

El ex subsecretario de Seguridad Comunitaria de la gestión Binner, Enrique Font, descreyó de la hipótesis de un pase de factura narco al gobierno provincial, y de la otra -menos ventilada- de un mensaje de malestar policial por acciones de reformas en la fuerza. Font opinó que la lucha contra el narcotráfico es una declamación oficial, apurada a partir del asesinato del líder de Los Monos, Claudio Pájaro Cantero. En su análisis, "el narcotráfico no ha sido afectado, sigue funcionando. Los puntos de venta se habrán movido de lugar, otros no, el dinero sigue fluyendo a la policía, que sigue cobrando sumas semanales para dejar que los bunkers funcionen". A Radio Nacional Santa Fe, el ex funcionario le dijo que el Ejecutivo "ha jugado con un sector de la policía, a la que no controla, que es el que le pasa la información y le entrega algunas caras visibles de estas bandas".

El defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, puso el foco en la jueza del caso, María Luisa Pérez Vara. "No me da ninguna garantía", opinó y recordó que esta magistrado "ha tenido que ver con la investigación por enriquecimiento ilícito de comisarios denunciados como vinculados con la narcocriminalidad. Ese expediente estuvo parado durante meses en su juzgado. Otro caso muy resonante, por el que se le pidió juicio político, es el caso de los crímenes de barrio Parque", enumeró el funcionario judicial, quien alertó que "se está dejando de lado la peligrosa relación que tiene la policía provincial con las bandas criminales que operan en la ciudad". Este tópico en la investigación es barajado en el seno del gobierno, pero ninguno de sus referentes lo admite a micrófono abierto.

El fiscal federal Juan Murray referenció el atentado en el "desmadre al que se ha llegado con el narcotráfico". Y señaló al ex jefe de policía, Hugo Tognoli, detenido por presunta connivencia con ese delito. "Binner y Bonfatti dijeron que era un preso político. A esta altura me parece que estarán pensando que no lo es", dijo. Y el abogado de Tognoli, Carlos Edwards, lo cruzó. Dijo que esos dichos son "un oportunismo político impropio de un fiscal, intentando vincular indirectamente a mi defendido con ese trágico hecho, y soslayando el estado de inocencia de Tognoli, que si bien fue procesado, ese procesamiento se encuentra recurrido ante la Cámara de Casación".