El juez Rodríguez quedó al borde del juicio político por presuntas irregularidades en el pago de bonos en default a su valor nomimal, pese a que habían sido comprados después de la devaluación y completamente desvalorizados. La consejera kirchnerista Diana Conti pidió su suspensión y la remisión a un jurado de enjuiciamiento, paso previo a una eventual destitución. El magistrado fue denunciado por el Ministerio de Economía por el "dictado supuestamente indebido de medidas cautelares en causas referidas a tenencias de títulos públicos adquiridos con posterioridad al diferimiento de pagos de la deuda soberana, con fundamento en las excepciones consagradas por las leyes presupuestarias".

Ello habría generado un perjuicio millonario al erario en al menos nueve casos, que fueron analizados por la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, y deberá ser ratificado por el plenario del cuerpo el próximo 9 de agosto. Según documentación a la que tuvo acceso la agencia de noticias DyN, el juez está imputado por ordenar el pago de bonos "a bajo valor de mercado" y después defaulteados, "para luego obtener el dictado de medidas precautorias que posibilitan su recupero a valor del dólar en el mercado libre de cambios".