Tal como ocurrió en la crisis hídrica de marzo, la capilla San Joaquín y Santa Ana a cargo del padre Daniel Syñeriz se convirtió en la receptora de las angustias ante la avanzada inmobiliaria. "En general no hay un conocimiento exhaustivo de lo que pasa, la gente vive el día a día y en esa inmediatez se pueden cruzar cosas, como la gente que ahora viene a ofrecerles dinero para vender sus tierras, y el dinero les resulta un protagonista nuevo y muy fuerte en su historia cotidiana. También hay vecinos inquietos, que tiene un interés en sus lugares porque tiene su actividad laboral como hornos de ladrillos, en este barrio, con las que han echado raíces", sostuvo el sacerdote.

-¿Cómo vive la idea de que en el mismo barrio en que hubo dos metros de agua, ahora se quiera construir un barrio cerrado?

-Es una lucha en varios frentes. Por eso es bueno recordarles a las autoridades el derecho primordial que tiene la gente necesitada, que vive casi a la intemperie porque no tiene un hogar. Lo vivo con indignación por que el gesto de 'no hacer' de las autoridades deja el terreno libre para que lo ocupen los intereses de quienes saben que hacer, y lo están haciendo y que están caminando el barrio. Tenemos que responder desde el propio derecho de la gente que es la gran necesidad que traducida significa derecho, y me parece que el Estado tiene que jugar un papel clave en esto. Y se lo vamos a reclamar a partir de un compromiso que se estableció con la Municipalidad cuando fuimos a reclamar el resarcimiento, y que fue favorecer la situación dominial de la gente en los lugares que esta ocupando, y de facilitar un plan de viviendas digno de la gente. Este fue un compromiso de la Municipalidad y que lo tomamos como una palabra fuerte, y la vamos a reclamar para que se concrete en los hechos".

Juan Monteverde apunta entonces otra de las caras del conflicto: 40 hornos de ladrillos y otras tantas familias dedicadas a criar animales (caballos) que se complementan pisando el barro que se convertirá en ladrillos, es una actividad que no podrían realizar en cualquier lado. "Que el Estado no intervenga en esta situación, va a generar más problemas, porque esta gente se va ir a otro lado, dejando su fuente laboral sumando más marginados al sistema".

"Por eso -agrega- no se puede dejar librada la negociación entre privados, porque la correlación de fuerzas deja en inferioridad de condiciones a los vecinos, que muchas veces viven allí durante décadas sin papeles. Por eso el Estado debe definir cuál es la función que va a cumplir: legalmente algunos vecinos tiene mucho que perder, por eso la salida es política. Quizás apliquen la idea de "dejar hacer, dejar pasar" que es lo que hacen hoy, porque cuando vamos a preguntar al municipio nos dicen que no hay proyectos presentados en la zona para barrios cerrados, mientras la realidad dice que a diario compran terrenos. Por eso la semana pasada fuimos al Concejo para que se frene la especulación inmobiliaria, y junto a algunos ediles (como Nire Roldán) estamos buscando la fórmula para garantizar la tierra, ya sea de interés social o de interés público".

En este punto es el padre Daniel Syñeriz, rescata la actuación del Subsecretario de Economía Solidaria Omar Isern, quien piloteó con los horneros (ladrilleros), la vuelta al trabajo con subsidios entregados de manera directa después de la inundación. "Eso reactivó la actividad, y se empezó a pensar como pueden mejorar a futuro la forma de comercialización. Por eso el punto de partida fue buena, y falta consolidar también la posición de la gente en el lugar en forma organizada".

Mónica Borráz, vecina del barrio y colaborada de la capilla, aporta su mirada. "El agua sacó a flote un montón de cosas, y hay una expectativa y una ansiedad por lo que va a pasar con los vecinos. Está claro que mucha gente no es propietaria, pero creo que por derecho de años de estar viviendo y trabajado esa tierra, y haberlas mejorado, las tienen ganadas. Tampoco quieren que le regalen nada, pero sí que se les dé la oportunidad de quedarse. El Estado tiene la posibilidad de actuar antes que empiecen a llegar las órdenes de desalojo. Veremos que hacen", planteó.