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“Ninguna persona fue incorporada en la administración provincial desde la sanción de esta ley. Respecto de los municipios, no tenemos toda la información, pero estimamos que tampoco”, dice Darío Arias, referente de Conurbanos por la Diversidad. El Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos Por La Diversidad, la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (ALITT) y Abogadxs por los Derechos Sexuales (ABOSEX) aseguran, además, que otras seis personas trans en los municipios de Morón y Lanús, ven peligrar su empleo porque se discontinuaron los programas en los que se desempeñaban.

Por el momento se sabe de una trabajadora trans despedida a través de ATTTA: se trata de Valentina Pereyra, quien quedó desvinculada de la municipalidad platense junto a otras 15 personas en enero pasado, cuando cerró el Centro Integral para la Mujer Víctima de Violencia que funcionaba en la sede de la ONG Las Mirabal. La joven presentó una medida judicial urgente junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos exigiendo ser reincorporada en el marco de la Ley de cupo, lo que aún está pendiente.

“De los despedidos, reincorporaron a ocho, pero a mí me dijeron que iban a evaluar cada caso y que tenían prioridad las mujeres”, contó Pereyra. Voceros de la municipalidad de La Plata explicaron que al vencer el convenio con la ONG “se tomó la decisión de no renovarlo con el propósito de volver a poner en pleno funcionamiento el área municipal con un cuerpo de profesionales propio”. La Plata está gobernada desde diciembre por Julio Garro (PRO), quien durante la campaña había asegurado que “no se me ocurre darle trabajo a un travesti”, sino “darles una mano desde lo psicológico, desde lo médico”. Para Darío Arias “hay un desmantelamiento de las políticas de diversidad sexual en los municipios que más se habían comprometido con la ley, que son Morón y Lanús”. En ese sentido, afirmó que en el municipio de Morón “está virtualmente paralizado” el Programa de Apoyo a las Iniciativas Productivas Autogestivas para Personas Trans, y algo parecido ocurre en Lanús con el Programa Municipal de Protección Social para integrantes del mismo colectivo. La preocupación se agrava porque el incumplimiento de esta ley se da en un contexto de mayor violencia hacia las personas trans. A principios de abril, una joven trans que se trabaja en la subsecretaría de Empleo y Economía Social de la municipal de Morón, denunció que le dejaron sobre su escritorio una nota amenazante que decía “macho arrepentido, ahora te toca a vos”, justo al día siguiente de que se produjeran seis despidos en el área.

La campaña consiste en cuatro acciones simultáneas: un pedido de informes a la gobernadora; la visibilización del reclamo en las redes sociales; la presentación de proyectos de adhesión a la Ley en municipios; y la presentación de personas trans en diferentes reparticiones para dejar sus CV y exigir el cumplimiento de la ley.

Ante la consulta de SOY una fuente del gobierno bonaerense aseguró que “se están evaluando las distintas alternativas para darle cumplimiento a la normativa”.