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Dos nuevos proyectos para la inclusión social de personas trans entraron este mes en la Cámara de Diputados de la Nación. Por un lado, la “Ley de Promoción del Empleo Formal” propone fomentar el ingreso al trabajo generando un porcentaje de vacantes y estimulando con reducciones en los impuestos; por otro, la “Ley de Inclusión Jubilatoria” busca establecer en 40 años la edad para que las personas trans accedan al régimen previsional. ¿Por qué son necesarias leyes que hablen de cuestiones ya contempladas en la Constitución, como ser el derecho al trabajo y a jubilarse? Tiene una lógica: porque en la práctica algunas identidades siguen teniendo privilegios sobre otras, porque el desempleo en la comunidad trans no es coyuntural sino estructural, y porque una solución para revertir el estigma puede ser la promoción de políticas activas. Los proyectos fueron elaborados por la organización Devenir Diverse junto a los equipos técnicos de la diputada Gabriela Estévez (FPV-PJ), quien puso la firma junto a otros siete diputados para darles estado parlamentario. Los textos toman la experiencia legislativa de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Rosario, que avanzaron en 2015 y 2016 en la sanción de normas sobre inclusión laboral trans. “Estos derechos no son ni más ni menos que los que tienen que tener garantizados todas las ciudadanas y ciudadanos”, dijo a SOY Estévez.

A diferencia de los dos proyectos para la inclusión laboral trans que ya fueron aprobados –y de los que se reclama la pronta aplicación–, esta ley nacional incluye al ámbito privado. “Entendemos que la inclusión laboral no solo debe darse en el Estado, más allá que éste debe ser el que garantice y predique con el ejemplo. Para que podamos asegurar este derecho tenemos que incluir sobre todo al sector privado, que es el que más fuentes de trabajo genera, y por eso pensamos en medidas que incentivan la contratación de las personas trans en las plantas de esos sectores, a través de beneficios fiscales en los impuestos y compensando en los aportes”, explicó Estévez.

La letra del proyecto establece que el sector público nacional deberá emplear personas trans –que reúnan las condiciones idóneas para el cargo– en una proporción no inferior al 3 por ciento de la totalidad. “Como no vamos a esperar que las empresas actúen por altruismo o buena voluntad, se le buscó la vuelta por el lado de los incentivos fiscales. Las empresas que contraten personas trans a partir de aprobada la ley podrán tomar como crédito fiscal hasta el 50 por ciento de las cargas sociales, y sobre las que ya estén contratadas el 25 por ciento”, dijo Martín Apaz, presidente de Devenir Diverse. Esto significa que emplear personas trans tendrá su beneficio económico, ya que el dinero que se destinaría a impuestos podría tener otros destinos como la inversión. La práctica de estímulos es algo frecuente en la relación entre empresas y gobiernos y toma diferentes formas, como ser fundaciones o convenios para la producción de un bien particular. En el caso de esta ley, también se prevén sanciones para quienes de forma especulativa despidan antiguos empleados para contratar nuevos y pagar menos.

De la igualdad legal a la inclusión social

Ivanna Aguilera, vicepresidenta de Devenir Diverse, piensa que se avanzó mucho con la agenda de la igualdad al aprobarse leyes como la de Matrimonio Universal, Identidad de Género y Fertilización Asistida: “Pero la inclusión va con otro ritmo y en relación al colectivo trans esto quedó muy a mitad de camino, ya que falta un acceso efectivo a los derechos fundamentales. Somos la parte de la población más discriminada y más falta de todo derecho en esta sociedad. Logramos acceder a un documento de identidad y que se respete el presentarnos como nosotras queramos ante la gente, pero de todas formas seguimos siendo discriminadas: en la última encuesta que tuvimos dentro de nuestros grupos, se supo que el 83 por ciento de mujeres trans todavía vive ejerciendo el trabajo sexual”.

El resultado del mapeo que se hizo en Córdoba a través de foros y consultas populares puede pensarse como una realidad federal, ya que las demandas se replican al escuchar otras organizaciones del resto del país. “Cuando empezamos a pensar el proyecto laboral nos encontramos con dos realidades. Por un lado con las compañeras y los compañeros más jóvenes, sub 25 o menos incluso, que en algunos casos tenían el acompañamiento familiar, habían podido terminar el secundario e incluso estaban haciendo sus estudios terciarios o universitarios, aunque se trata de una minoría. Por otro lado hay un grupo de 30 para arriba donde la contención de la familia no existió, como tampoco en la escuela ni en los círculos primarios, a lo que se suma una expulsión muy temprana de las casas. Quienes tienen más de 40 o 45 años son personas que no solo tuvieron las carencias típicas de todas las personas trans, son sobrevivientes de la dictadura y de la democracia”, dijo Apaz.

La clave del proyecto de ley jubilatoria está en entender que los 65 años de una persona que tuvo formación, comida, techo y trabajo no son los mismos de quien quedó en la calle desde la pubertad. “La ley se vincula a la expectativa de vida y hay que tratarla seriamente desde ese lugar, ya que no tiene sentido pensar en una inclusión previsional para las trans a los 60 o 65 años cuando tienen una expectativa de vida de 35. Entendemos que para la función previsional se debe tener en cuenta la proyección de vida que tienen los diferentes sectores, algo que de hecho ya se hizo con la ley de inclusión jubilatoria vigente”, explicó Estévez.

Una reparación histórica

Devenir Diverse hace militancia de territorio en Córdoba y es a partir de eso, y de las vivencias propias, que se suman a un reclamo que tiene la fuerza de lo urgente. Según Apaz, en las conversaciones se repite la palabra trabajo: “Trabajo, trabajo, trabajo. Y lo pensamos como ordenador de la vida de las personas, en el sentido de que si vos tenés un trabajo accedés a una obra social, podés pagarte una prepaga o, por ejemplo, usás tu recibo de sueldo para un alquiler y para no tener que estar en situación de hacinamiento. Trabajar te facilita y ordena un montón de cosas”.

Aguilera pide que las políticas públicas estén escritas en primera persona trans, que sean sus voces las que se escuchen al momento de hablar de inclusión: “Yo voy a cumplir 56 años y siento que necesitamos empezar a ocupar lugares de los que siempre hemos sido marginadas. Somos nosotras las que sabemos lo que pasamos. Necesitamos menos protocolo y más acción. Lo único que estamos pidiendo es una reparación histórica, ya que existe una deuda que la sociedad tiene con nosotras. No podemos ser ciudadanas de primera si no tenemos acceso al trabajo. Obvio que se trata también de lo que una genere. Por ahí piensan que van a poner a mujeres trans en cualquier lugar a trabajar y no, todo esto depende de las capacidades que tenga cada una de nosotras para los puestos. Y para aquellos empleos en que no se tenga el saber deberán crearse capacitaciones. Es una deuda que estamos reclamando que se repare, sobre todo para que las que vienen no pasen lo que estamos pasando nosotras”.

El proyecto de cupo laboral que impulsó Amancay Diana Sacayán, o el de reparación histórica por violencia institucional que también acompañó Diana junto a Lohana Berkins y Marlene Wayar, despertaron similares sentimientos de prejuicio con una cobertura mediática que no aportó a correr el lugar común del “me hago travesti para cobrar un plan”. Pero, en fin, lugares comunes hay por todas partes. “Sabemos que hay muchos prejuicios, sí, pero los que tenemos este tipo de responsabilidades tenemos que estar por encima y trabajar para garantizarle el acceso a los derechos a todos los sectores. Los prejuicios no me parecen un condicionante, se debe ir más allá de lo que suena bien para la hinchada y buscar la profundización de los derechos, sobre todo en sectores tan vulnerados y postergados como el colectivo trans”, dijo Estévez.