Casi todas las personas T presas en nuestro país infringieron la ley de drogas. En febrero de 2015, según cifras del Sistema Penitenciario Federal (SPF), 6 de las 25 personas T detenidas estaban por estos delitos, a fin de ese año eran 19 sobre un total de 27. “Hace cuatro meses, 26 de las 27 privadas de libertad estaban por venta al menudeo o microtráfico”, afirma María Santos, coordinadora del equipo de trabajo de Género y Diversidad Sexual de la Procuración Penitenciara de la Nación (PPN). En poco más de un año se pasó del 24 al 95 por ciento. La situación en los penales bonaerenses es similar. “De las 52 detenidas, 43 están por comercialización”, confirmó Marcela Del Papa, subdirectora general de Política de Género del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). El SPF y SPB albergan más del 80 por ciento de las personas detenidas en el país por estos delitos.

“Entendemos necesario incorporar la problemática particular de las mujeres trans dentro de los debates sobre el impacto desproporcionado de las políticas punitivas de drogas. Las mujeres trans, históricamente, han sido foco de persecución por parte de las fuerzas de seguridad, lo que las ubica dentro de los sectores más criminalizados y encarcelados, ahora también, por las políticas de drogas”, dice un informe de agosto pasado de la PPN, que incluyó por primera vez un apartado sobre esta “situación particular”.

Santos refiere otra diferencia importante, que demuestra la crueldad innecesaria del poder judicial con los actores menores y no violentos del mercado de las drogas ilegales: “El 80 por ciento de las mujeres trans está procesadas con prisión preventiva, superando al resto de la población penitenciaria federal que ronda el 61 por ciento”.

La situación intramuros se destaca por la violencia, pese a las mejoras obtenidas a partir de los reclamos del colectivo trans por las requisas vejatorias, que incluían desnudos totales cuando debían usarse máquinas detectoras, o la falta de tratamientos hormonales. “Durante el 2015, subió el índice de violencia. Se denunciaron doce casos, dos incluyeron violencia sexual”, dice la funcionaria de la PPN, un organismo estatal autónomo con vela por los derechos humanos en las cárceles federales.

Vanesa “reincidente”

En mayo de 2014 hubo un allanamiento masivo en la galería porteña Rustique por una causa de trata. La galería tenía prontuario. Dos locales en su subsuelo fueron allanados por proxenetismo a fin de los años 90, La Saison y Partenaire. A partir de 2011, la fundación La Alameda comenzó a denunciar varios “privados”, supuestamente vinculados a “redes narco prostibularias”. En uno de esos departamentos estaba Vanesa, de 37 años.

“Allanaron todo el edificio y me tocó también. Estaba tomando y atendiendo”, recuerda. Ella publicaba avisos en dos páginas web, Distintas y Gemidos. Le encontraron una piedra de 35 gramos de cocaína, dice. “Eran para mí y para mis clientes. Muchas veces me quedo tomando con ellos, podía estar desde cuatro hasta doce horas con algunos. Y se la cobraba, obvio. No se las voy a regalar”. La causa se cerró con un juicio abreviado: “Acordé una pena de 3 años, para salir en ocho meses pero salí en once”.

El sábado 10 de octubre de ese 2015 sucedió la segunda entrada, en Liniers. Vanesa cuenta que iba a la casa de una amiga para hacer a la previa. Después irían al boliche más grande de Ramos Mejía, Pinar de Rocha. La paró la policía. “Venía de comprar 20 papeles en el Bajo Flores. Los tenía todos en la cartera. Era para las dos, nos íbamos de gira tres días, porque era un fin de semana largo”, asegura. La dejaron tres días tirada en la comisaría, el primer día hábil, un martes 13, se comunicaron con el juzgado donde tramitaba su causa anterior. “El juez me mandó de vuelta a la cárcel. Nosotras no podemos andar por la calle con dos papeles de merca. Estamos mal vistas”, dice Vanesa, desde el penal de Ezeiza.

Ahora está procesada por tenencia simple de estupefacientes. Esta figura resulta violatoria de la presunción de inocencia. Pena de uno a seis años la mera posesión sin distinguir una finalidad como el consumo personal, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o la venta con penas de entre cuatro a quince años.

TRAVESTIS PERUANAS Y ECUATORIANAS DETENIDAS LUEGO DE UNA FEROZ RAZZIA EN LA PLAZA MATHEU EN LA PLATA.

Duro con lxs débiles

En la provincia de Buenos Aires desde 2005 se aplica una ley de desfederalización por la que policías y funcionarios judiciales locales pueden actuar ante delitos menores, de comercialización directa. Los relatos de quienes asisten a las detenidas en las razzias policiales en las zonas rojas de La Plata y Mar del Plata muestran un entramado de corrupción y violencia institucional.

Algunos uniformados alternarían entre la distribución de cocaína para comerciar, el cobro de peaje por la venta y de entre 10 y 20 mil pesos en comisarías para no armar una causa. A esto se suman requisas vejatorias, en plena calle, que incluyen desnudar y revisar con guantes de látex las partes íntimas en busca de droga. Muchas terminan procesadas y hasta condenadas con la sola versión policial, incluso sin tener sustancias.

“Ni bien las excarcelan, la misma policía comienzan extorsionarlas. Saben que si te agarran de nuevo, no te largan más”, comenta Josefina Rodrigo, abogada de Claudia, la travesti peruana condenada por del juez xenófobo Juan José Ruiz. La letrada representa a varias de las 35 personas T detenidas en 2014 durante varios operativos en la parada, cerca de la plaza Matheu.

Esas causas fueron elevadas a juicio oral y según describe hay una clara orfandad probatoria: “Algunas causas tienen tres fojas, un solo testigo, que muchas veces el cliente que fue apretado por la policía, sin videos ni fotos que las muestren vendiendo pero el poder judicial convalida todo. Los vecinos se quejan y hablan de las travestis en general. Y la policía las requisa sin motivo. Estar parada en una esquina significa vender. Pero gran parte consume para llevar la situación, por el frío. Ves la cartera: celular, preservativo, lubricante, plata, una petaca y cocaína”.

El cuadro se completa con allanamientos ilegales en casas, hoteles y pensiones. Sus clientas denuncian ensañamiento, que algunos policías acuden alcoholizados a los operativos y las violentan. “Si siempre es poca cantidad, hacé la causa para tenencia para consumo personal, no para comerciar. En el momento no se sabe quién vende pero para la policía el varón compra, la trava vende. ¿Y el beneficio de la duda?”, agrega.

Otras 25 personas T esperan juicio el año que viene en Mar del Plata, luego de ser arrestadas en las paradas de avenida Luro y de Champagnat en 2013. La mayoría de las detenidas son peruanas que no habrían arreglado con la policía. Son las más desprotegidas. En los penales bonaerenses, 36 de las 52 detenidas son extranjeras, sin documentos: peruanas, ecuatorianas, colombianas y paraguayas. A nivel federal, en diciembre pasado, eran 12 de las 27, la mayoría eran peruanas.

No chance

“Llevo cuatro meses detenida. El negocio me lo propuso una amiga y me cagó la vida. Me ofrecieron 15 mil pesos. Con la prostitución no la iba a conseguir esa plata. Ya soy grande, tengo 44 años. Pensaba comprar un terrenito”, dice Dilcia Alvarado. Llevaba tres kilos de cocaína cuando la detuvieron en un micro. Iba desde Buenos Aires hasta Comodoro Rivadavia, y luego a Caleta Olivia. Ciudades de petroleras, de alto poder adquisitivo. Hace 8 años se vino de República Dominicana. “Allá no es bueno el trabajo, hay mucha violencia. Vine porque me había dicho que había un mercado más grande para las trans en Argentina”, cuenta. Está sola en el país. Fue procesada con prisión preventiva y aguarda juicio en la cárcel de Ezeiza. La cocaína nunca le fue ajena: “Con los clientes, deja buena guita vender”.

Este fenómeno de prisionización fue objetado por la Organización de los Estados Americanos, que patrocinó una guía de reforma política llamada Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Allí se alerta sobre los factores en común: personas pobres con familia a cargo y fácilmente reemplazables por las organizaciones criminales. “Algunos grupos son aún más propensos a ser objeto de discriminación en la aplicación de las leyes de drogas: indígenas, afrodescendientes y personas de orientación sexual, identidad o expresión de género diversas”, dice la guía. La guía recomienda aplicar indultos, amnistías y conmutaciones de penas y programas de reinserción laboral. También la posibilidad de poder cumplir la condena en el país de origen. En el caso de las personas T extranjeras, muchas optan por quedarse. Es el caso de una chica peruana con HIV en Mar del Plata, que no podría ni recibir tratamiento en su país y no aceptó la oferta de un juez para irse (y morirse). La venta al menudeo puede ser una estrategia de supervivencia pero también una forma de control de la policía, que a veces planta droga. Así lo sugieren varias fuentes. Ninguna duda sobre el rol de la ley de drogas: cumple la misma función discriminatoria que los edictos policiales derogados.