Así como tiempo atrás Menem aventuró, con acierto, que su ex ministro de economía Domingo Cavallo se "iba a cansar de recorrer los pasillos de Tribunales", el inicio del flamante año parece ser el turno del actual senador riojano.

Si bien sus problemas de salud le viene siendo excusa idónea, hasta el momento, para ausentarse a la convocatoria de los jueces federales, los forenses que lo revisaron dejaron lugar para interpretaciones ambiguas ya que si bien algunos sostienen que es "conveniente" no obligarlo, otros enfatizan que "no está imposibilitado" de hacerlo.

Ese argumento le sirvió a Menem, por ejemplo, para dejar vacía su silla en el juicio oral y público que se le sigue por la venta ilegal de armas al exterior y escuchar la acusación por el original sistema de "videoconferencia", mientras el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 reanudará en febrero el proceso.

Distinto parece ser el caso del juez federal Ariel Lijo cuyo allegados dejaron abierta la posibilidad de pedir el desafuero del casi octogenario senador si volviese a faltar a la audiencia convocada para el 9 de marzo con el objeto de indagarlo acusado de haber ordenado "obstruir la pista siria" en la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Sucede que los fueros que impiden la detención de un legislador en funciones (salvo que sea sorprendido "in fraganti delito"), imposibilita a que los jueces puedan disponer el traslado compulsivo mediante el uso de la "fuerza pública".

Lijo suspendió la audiencia prevista para el mes de diciembre en virtud de un planteo de la defensa de Menem y dispuso que el segundo lunes de marzo el ex presidente haga su descargo (la indagatoria es el acto de defensa "por excelencia") frente a la acusación de haber entorpecido la investigación por el atentado a la mutual israelita que provocó 85 muertes.

Aunque con la salud menos deteriorada que su entonces jefe político, otros involucrados en las actuaciones por las irregularidades en la "causa AMIA" también efectuaron diversos planteos par "pegar el faltazo" a las indagatorias, tal el caso de Munir Menem y del ex jefe de la central de inteligencia Hugo Anzorreguy, a quienes Lijo volverá a convocar.

En ese expediente el único que concurrió al edificio que conoce al dedillo fue el ex juez Juan José Galeano, quien tuvo a su cargo la voluminosa causa por la voladura del edificio de Pasteur 633 hasta que fue apartado, sometido a juicio político y finalmente destituido por el Consejo de la Magistratura.

Por su parte, el juez Sergio Torres también debió postergar la audiencia que había convocado para el 4 de diciembre último en la que el ex presidente iba a escuchar la acusación por el decreto mediante el cual se autorizó la venta, en 1991 y presuntamente a "precio vil", del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Esa operación habría significado a la entidad ganadero-agropecuaria un beneficio patrimonial superior a los 100 millones de dólares ya que el decreto presidencial autorizó su venta a 30 millones cuando su "valor piso", según estudios periciales, ascendía a 131 millones de la moneda estadounidense.

Torres tampoco logró aún indagar a Cavallo en esta causa ya que el ex titular del Palacio de Hacienda no pudo ser notificado en el domicilio que figuraba en el expediente; aunque sí concurrieron a los tribunales de la zona de Retiro las máximas autoridades de entonces de la SRA quienes deslindaron responsabilidades al sostener que pagaron el precio fijado por el gobierno.

El magistrado volvió a convocar a Menem para "fines de febrero" y aguarda que los organismos oficiales suministren la dirección actualizada del entonces ministro de Economía para diligenciar allí la nueva cédula de notificación con la fecha de la audiencia a la que no podrá faltar.

Finalmente, no se agotará en esos casos el periplo de Menem por los tribunales ya que también, más temprano que tarde, deberá hacer frente al juicio oral por la "omisión maliciosa" de cuentas bancarias en el exterior y hasta el voluminoso expediente en el que está imputado por el pago y cobro de sobresueldos a sus entonces funcionarios.