Jue 02.12.2010

13:54  › SAHARA OCCIDENTAL

Amnistía Internacional denunció torturas en El Aaiún

A partir de una investigación especial realizada en el lugar de los hechos, la organización informó que en los disturbios producidos tras el desmantelamiento del campamento saharaui de protesta hubo heridos de bala y muchos de los detenidos aseguran haber sido torturados. El informe coincide con el de las autoridades en cuanto a las cifras de muertos, once agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes y dos civiles saharauis, cuyas causas no se han podido esclarecer, y considera que "por lo menos hay dos personas desaparecidas" de las que duda que estén "escondidas".

La investigadora Donatella Rovera indicó que, según su investigación, en El Aaiún entre los pasados 24 y 30 de noviembre, "hubo tres o cuatro casos de heridos de bala de goma durante el desmantelamiento, y otros tres o cuatro de heridos de bala de fuego posteriormente, a las afueras de la ciudad, en circunstancias confusas".

Tras haber regresado de la capital administrativa del Sahara Occidental, Rovera permanecerá en Rabat, la capital marroquí hasta el sábado y va a preparar un informe sobre los altercados, en el que la cifra de muertos de la que AI dispone coincide con la de las autoridades del reino: once agentes de las fuerzas de seguridad y dos civiles saharauis.

La organización no pudo, sin embargo, confirmar el motivo oficial de la muerte de los dos saharauis -un atropello y una complicación respiratoria- ya que en el primer caso no han llegado a saber si el golpe "fue accidental o a propósito", y en el segundo "la familia no tiene un informe médico".

Rovera se entrevistó en El Aaiún con las autoridades locales, con detenidos saharauis que fueron liberados o se encuentran en libertad provisional, con familiares de algunos arrestados o con testigos presenciales de los disturbios del pasado 8 de noviembre.

Ella y otro experto de AI realizaron su trabajo "sin presiones", asegura, pero fueron seguidos "a todas horas de manera muy clara" y no pudieron acceder a la conocida como la Cárcel Negra de El Aaiún ni visitar a heridos en el Hospital Militar, donde calcula que todavía hay "tres o cuatro personas".

Según sus datos, "la mayoría de los liberados dijeron haber sido golpeados, incluso de manera muy fuerte, por lo que se puede decir que fueron torturados", y agregó que "la tortura era una práctica frecuente y muy extendida".

La organización calcula que hay detenidas 130 personas, de las cuales 118 están en El Aaiún y serán juzgadas por el Tribunal Penal de la ciudad, y otras 12 han sido trasladadas a Rabat y serán presentadas ante una corte militar.

"Las autoridades no han dado detalles de los cargos individuales, pero en general se les acusa de saqueos, asesinato o participación en asesinato, atentado contra la seguridad del Estado y otros ataques", dijo a Efe la investigadora.

Según Rovera, las autoridades "no tomaron la iniciativa de informar a las familias de las detenciones y cuando los familiares se acercaron a la comisaría, el tribunal o la cárcel para preguntar por sus allegados no obtuvieron respuesta" hasta días más tarde.

A ello se suma una "falla de comunicación" entre los abogados saharauis y sus clientes, dado que "casi todos los detenidos fueron presentados ante el fiscal entre el 11 y el 12 de noviembre con la presencia de los letrados, pero a las familias no les llegó esa información".

Amnistía Internacional tiene constancia además de que hay "dos personas desaparecidas, que es probable que estén escondidas", y de que los saqueos y destrozos a viviendas, comercios y edificios públicos se dieron tanto por parte de civiles saharauis como marroquíes.

Rovera indicó que ninguno de sus interlocutores ha sufrido represalias por haber brindado su testimonio, y apuntó que las recomendaciones oficiales a las autoridades marroquíes se realizarán una vez acabado el informe.

En Rabat, el organismo se ha entrevistado con miembros del Consejo Consultivo de Derechos Humanos y de ONG marroquíes, así como con representantes de los ministerios de Exteriores, Interior y Justicia, a quienes ha pedido datos concretos sobre los altercados, los más violentos en la ex colonia española en casi dos décadas.

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