Los cuatro militantes están acusados de haber cortado junto con 150 personas las vías ferrocarril Roca, a la altura de Avellaneda, en reclamo del pago de sueldos y la incorporación de 60 trabajadores que revisten en la calidad de tercerizados.

Los manifestantes le solicitaron al Ministerio de Trabajo y a la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) la firma de un documento aceptando su reclamo para liberar las vías, lo que fue considerado por la Justicia como una intimidación.

El reclamo generó el malestar de los usuarios del ferrocarril que ante el corte del servicio provocaron destrozos en la estación Constitución y se enfrentaron con la Policía Federal.