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El jurado concluyó que Santi incurrió en "mal desempeño" dado que omitió datos que "estaba legalmente obligado a declarar" cuando se presentó en el concurso convocado para el cargo de asesor letrado por el Consejo de la Magistratura de Córdoba, donde terminó primero en el orden de mérito.

El fallo destacó que el Consejo de la Magistratura cordobés, seguramente, "habría valorado negativamente este antecedente, en el momento de evaluar el compromiso del futuro magistrado con el sistema democrático, si hubiera dispuesto de esta información".

Los miembros del Jury también aclararon que, en los tiempos en que Santi prestó funciones para el Ejército, ya se desempeñaba en el Poder Judicial como empleado, lo que constituía "una incompatibilidad, dado que las tareas de inteligencia podían alcanzar potencialmente su desempeño en la Justicia".

Después de la audiencia celebrada en una sala de la Legislatura provincial, a la que no asistió Santi, aunque sí su abogado defensor Justiniano Martínez, el fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, quien impulsó la acusación, destacó: "Este fallo pueden tener relevancia y servir de antecedente dado que, en la órbita del Consejo de la Magistratura de la Nación, se estudia la posibilidad de la formación de una comisión que reúna datos sobre quienes, vinculados al Poder Judicial, directa o indirectamente, participaron de lo ocurrido en el país durante aquellos años".

La decisión fue adoptada en forma unánime por los cinco miembros del tribunal: Aída Tarditti, representante del Tribunal Superior de Justicia, que lo presidió, y los legisladores Walter Saieg y Sergio Busso (justicialistas); y Miguel Nicolás (radical) y Rodrigo Serna (Frente Cívico).

El proceso contra Santi se inició luego de que el Ministerio de Defensa de la Nación dio a publicidad archivos desclasificados en los que figuraban unas 4.300 personas que durante la última dictadura cívico-militar se habían desempeñado como informantes del Ejército en todo el país.