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La condena no tiene efectos punitivos, pero si permitirá a los demandantes usar este antecedente con valor de sentencia ante otros foros internacionales, tal como ocurrió con los Juicios por la Verdad tramitados ante tribunales argentinos cuando, a partir de 1987, las Leyes de punto final y la obediencia debida, pusieron limites al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

La causa se inició a raíz de la demanda presentada en diciembre de 2000 por el escribano Hairabedián, descendiente de armenios asesinados, quien pidió que se investigue por la suerte de 50 familiares directos en la provincias armenias (vilayetos) de Palú y Zeitún, en poder del entonces Imperio Otomano. A esta querella se sumó luego la Colectividad Armenia de Buenos Aires por la matanza de población armenia en las provincias de Trebizonda, Erzerúm, Bitlis, Diarbekir, Jarput y Sivas, que de acuerdo con las estimaciones históricas costó la vida a un millón y medio de armenios en el primer genocidio del siglo XX.

"Nos inspiramos en un Juicio por la Verdad para saber el destino de Rodolfo Walsh, cuando todas las puertas de la justicia argentina estaban cerradas para dar castigo penal a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura", afirmó Hairabedián a Télam poco antes de recibir el acta de la sentencia. Las actuaciones se iniciaron luego de que los querellantes apelaran una decisión de primera instancia y consiguieron que la Sala II de la Cámara Federal porteña, que preside Horacio Cattani, ordenara a Oyarbide iniciar la investigación. En el marco de estas actuaciones, el juez libró exhorto al

gobierno de Turquía para que se informara sobre la suerte corrida por los familiares Hairabedián y pusiera a su disposición los archivos "ya sea por desaparición, deportación o ejecución". También solicitó a los gobiernos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Estado Vaticano que remitan toda información que contengan en sus archivos relativa a esos crimenes, al tiempo que tomaba testimonio a descendientes armenios asesinados, radicados en la Argentina.

Alemania y la Santa Sede contestaron a los reclamos poniendo a disposición de las causa los Archivos Históricos y Políticos, que fueron analizados por enviados de la Fundación Luisa Hairabedián y resultaron de notable importancia para certificar las características del genocidio. Algunos tramos de los testimonios tomados en Buenos Aires a los descendientes de esas víctimas de hace casi un siglo, fueron leídos hoy por Oyarbide en el acto donde entregó la sentencia, que ahora podrá ser presentada ante otros tribunales u organismos internacionales como las Naciones Unidas con el valor de "cosa juzgada".