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El subsecretario de Educación, Fernando Rojas, en tanto, indicó que son 98 establecimientos tomados y que las actividades se paralizaron en el 40 por ciento de los colegios: "el paro, las tomas y las manifestaciones no ayudan a un diálogo constructivo".

Los estudiantes reclaman que la educación pública pase de manos de los municipios al Estado nacional para que se distribuyan mejor los recursos, ya que ahora dependen del dinero con que cuenta cada ayuntamiento, lo que refuerza la desigualdad en un país con una acentuada estratificación social. También exigen que se mejoren las infraestructuras y que el boleto estudiantil se aplique todo el año, ya que actualmente los estudiantes pagan casi una tercera parte del precio de un billete normal solo durante el periodo escolar.

Laura Ortiz, portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aced), una de las entidades en conflicto, anunció que el miércoles marcharán por el centro de Santiago. Un día después se manifestarán por el centro de la capital los estudiantes universitarios, quienes además han convocado un paro nacional para el mismo jueves. Al solicitar permiso para esa marcha, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, acusó al ministro de Educación, Joaquín Lavín, de minimizar las movilizaciones. "Es una vergüenza que hoy se tilde a este movimiento como un movimiento no representativo, de minoría, violento, sin demandas claras", advirtió Vallejo. La dirigente estudiantil insistió en que su objetivo es "respetar la educación pública y que se termine el lucro en la educación."

Si bien la ley vigente establece que las universidades privadas son corporaciones sin fines de lucro, en la práctica obtienen ventajas tributarias, subsidios y, en ocasiones, beneficios procedentes de negocios montados gracias a diversos subterfugios legales. entre ellas se encuentra la Universidad del Desarrollo, fundada, entre otros, por el actual ministro de Educación.

Por otra parte, el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien se reunió con dirigentes del Colegio de Profesores, descartó ejercer por el momento de mediador entre los estudiantes y el Gobierno de Sebastián Piñera, y al mismo tiempo afirmó que "las manifestaciones democráticas son siempre legítimas" mientras se realicen de forma pacífica.

Los estudiantes secundarios, cuyos uniformes les han valido el apelativo de "pingüinos", protagonizaron en 2006 la llamada "revolución pingüina", que puso contra las cuerdas al gobierno de la entonces presidenta, Michelle Bachelet.