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La legislación migratoria conocida como HB 56, cuyas disposiciones irán entrando en vigor a partir del 1 de septiembre y hasta abril de 2012, es considerada más restrictiva que la promulgada en Arizona, el año pasado, también criticada por la CIDH.

La comisión "conmina a las autoridades de Estados Unidos a utilizar los mecanismos legales que tenga a su alcance para modificar estas leyes a fin de ajustarlas a los estándares internacionales de derechos humanos".

La ley de Alabama no define cuál es la "sospecha razonable" que llevaría a un policía a pedir papeles migratorios, por lo que puede conducir a que los agentes usen "perfiles raciales", señaló el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Asimismo, penalizar "el transporte o alojamiento de migrantes podría obstaculizar de forma indebida las labores de asistencia y protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las personas migrantes".

Organizaciones de derechos de los inmigrantes han señalado que recurrirán a los tribunales para impugnar la ley de Alabama.