22:39 › CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ocho meses después de la toma, represión, desalojo y reclamo en el Parque Indoamericano, organizaciones barriales de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una conferencia de prensa para denunciar los escasos avances en la investigación sobre los tres asesinatos ocurridos durante la toma del predio, la apertura de causas contra cuatro referentes territoriales y el incumplimiento de los planes de vivienda anunciados por los gobiernos porteño y Nacional. También se presentó una carta pública que contiene los reclamos, respaldada por una decena de legisladores locales y nacionales y personalidades como Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas.
La conferencia de prensa se realizó en el hotel Bauen con la presencia de Diosnel Perez Ojeda, Luciano “Tano” Nardulli, Alejandro “Pitu” Salvatierra y Mónica Ruejas, los cuatro referentes territoriales de Villa Lugano sobre los que pesa una causa en la que se los señala como promotores de las tomas de diciembre de 2010.
Los organizadores denunciaron "la ausencia absoluta de planes o programas tendientes a resolver el gravísimo déficit habitacional que sufren los más pobres, más alla de los compromisos asumidos por el estado en ese momento" y que "no se ha avanzado en la causa que investiga el asesinato de tres personas en el lugar, mientras que la Justicia nacional considera que los hechos de tortura que ocurrieron esos días deben considerarse como lesiones".
En la Carta pública, presentada con la firma de decenas de legisladores, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos, se manifiesta "la preocupación por las intervenciones públicas que configuran la única respuesta oficial: la criminalización de la pobreza y la nula voluntad de cumplir con los compromisos asumidos".
En ese sentido, la diputada nacional por Proyecto Sur, Liliana Parada, quien estuvo presente en la conferencia, señaló que "los gobiernos de la ciudad y de la Nación, anunciaron soluciones habitacionales que comenzarían en esa fecha con un censo y que daría una solución definitiva 120 días después. Hoy, cumplido ese plazo, los únicos imputados son los militantes sociales que desde hace años vienen reclamando soluciones para la crisis habitacional que atraviesa la ciudad de Buenos Aires".
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