El plenario del Consejo aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Disciplina contra Romano, por siete cargos que apuntan a reflejar que habría tenido una conducta sistemática funcional al terrorismo de Estado.

Se le atribuye “haber omitido en forma reiterada y prolongada en el tiempo la promoción, persecución y represión de delitos de lesa humanidad” y “haber resultado funcional al plan represivo montado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el marco del terrorismo de Estado durante el período 1975-1983 en la provincia de Mendoza”.

La decisión del pleno fue tomada a pocos minutos de iniciado el tratamiento del tema. En la sesión estuvieron presentes el presidente Mario Fera, y los consejeros Ada Iturrez, Marcelo Fuentes y Mario Cimadevilla (senadores); Carlos Moreno y Oscar Aguad (diputados), los abogados Alejandro Fargosi y Daniel Ostropolsky, el representante del Poder Ejecutivo Nacional Hernán Ordiales y el académico Manuel Urriza.

Moreno y Ordiales fueron elegidos para sostener ante el jury la acusación contra Romano. La decisión del plenario implica la "inmediata suspensión" de Romano, por el plazo de seis meses, tiempo en el que el Jurado de Enjuiciamiento deberá decidir si destituye o rechaza el pedido de remoción del camarista federal.

Por similares ilícitos fue destituido el ex camarista federal de Mendoza Luis Miret, ex compañero del tribunal que integra Romano. En su descargo, por escrito, ante la Comisión de Disciplina y Acusación, Romano manifestó ser víctima de una "patraña judicial" y consideró una exageración atribuirle violaciones a los derechos humanos.

Romano afirmó que las fuerzas armadas y la policía actuaban de manera clandestina, por lo que no pudo haber sido funcional a un accionar que desconocía. La acusación contra Romano fue impulsada por organismos tales como el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Representantes de esos y otros organismos de derechos humanos y el secretario del área de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Piumato, estuvieron presentes durante las sesiones de la Comisión de Disciplina y Acusación y el plenario del Consejo.

"La suspensión y promoción del jury contra Romano es un paso emblemático para la justicia que aspiramos, ya que el Poder Judicial no puede tener gente involucrada en la violación de derechos humanos", sostuvo Piumato concluida la sesión.