"Se dispone que la carretera no atravesará por el Tipnis y la ley será revisada por la Asamblea Legislativa Plurinacional", anunció el mandatario durante una conferencia en la que vetó la iniciativa y anunció su reenvío a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se le incorpore el tema de la "intangibilidad" y se prohíban "asentamientos humanos". "El tema Tipnis está resuelto. Ahora espero reunirme con los hermanos dirigentes de la octava marcha indígena", dijo rodeado de los ministros Carlos Romero, Teresa Morales y Nardi Suxo.

"Esto es gobernar obedeciendo al pueblo", remarcó Morales, poco antes de manifestar su voluntad de verse con los marchistas indígenas, que llegaron el miércoles a La Paz y aguardan frente al Palacio de Gobierno.

El Parlamento había aprobado una ley que suspendía la construcción del tramo de la ruta, disponiendo la realización de un proceso de consulta a las regiones involucradas. Pero tras el anuncio de Morales. todo esto también se anula. Adicionalmente "se declara al Tipnis como zona intangible", dijo el mandatario, lo que que refuerza su calidad de área protegida donde no podrán encararse otros proyectos económicos.

La decisión de Morales se produce tras un fuerte forcejeo que duró más de dos meses, en que los indígenas recibieron un fuerte apoyo popular, especialmente tras haber sufrido una violenta represión el 25 de septiembre tras un intento fallido de la Policía por dispersarlos.

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), juntas, representan a los 36 pueblos originarios de Bolivia y el 15 de agosto pasado iniciaron una caminata resistiendo a que la empresa brasileña OAS construya la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de 306 kilómetros. La obra tiene un costo de 477 millones de dólares, de los cuales 332 millones eran un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y 145 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) de Bolivia.

La marcha también pide al gobierno el cumplimiento pleno del convenio 164 de Naciones Unidas sobre derechos indígenas, que tiene rango de ley en Bolivia desde 2007.