El expediente que instruye Bonadío se concentra en el choque, es decir, por qué el tren no frenó. El fiscal Federico Delgado viene insistiendo en que las condiciones en que se prestaba el servicio influyeron en la cantidad de muertos y heridos, otra hipótesis que forma parte de la investigación.

El expediente estuvo marcado hasta ahora por dos posturas contrapuestas: los directivos de TBA que fueron indagados adjudican la responsabilidad del accidente al motorman, mientras desde el gremio del maquinista, La Fraternidad, han insistido en las malas condiciones del servicio y del estado de las formaciones. La empresa se aferra, especialmente, a la pericia que firmaron siete ingenieros en la que concluyen que los mecanismos de freno funcionaban y que incluso el maquinista habría anulado el sistema de reaseguro llamado “hombre muerto”. También le traslada reproches al Estado por falta de inversiones.

La imputación original que formuló el juez Bonadío a los directivos de TBA es por “impropia utilización del material rodante, de la infraestructura concesionada, del personal transferido y de los fondos que el Estado nacional puso a su disposición para que ofrezca un servicio eficiente y seguro cuya calidad y frecuencia sea superior al actual”. Pero recién después de escuchar a todos los acusados y recibir los resultados de las medidas de prueba pendientes podrá evaluar qué responsabilidad la cabe a cada uno en las 51 muertes y los más de 700 heridos.

Bonadío aún espera los resultados finales de un análisis contable que encomendó a peritos de la Corte Suprema, acerca del uso que se les dio a los subsidios estatales para los trenes. Hasta ahora recibió dos informes a modo de adelanto: uno sobre la composición de las sociedades a cargo de la concesión y otro sobre sus ingresos. Todavía falta la última parte, que es la que señalará en qué se gastaron los fondos recibidos. Según un informe de la AGN incorporado a la causa (que tomaba también datos relevados por la CNRT), los subsidios recibidos por TBA entre 2006 y 2010 aumentaron en un 146 por ciento. Sin embargo, se registró una falta de mantenimiento “metódica y sistemática”, que describía enumerando desde problemas con los frenos hasta el deterioro de las vías que ocasiona descarrilamientos constantes. El organismo de control externo del Estado había recomendado rescindir la concesión a la empresa. Estos informes fueron especialmente señalados por el fiscal Delgado a la hora de exponer su hipótesis de que no se puede desligar el accidente de Once de las “condiciones” del servicio que lo antecedieron.

En paralelo al expediente sobre el accidente continúa la investigación sobre el hallazgo tardío del cuerpo de Lucas Menghini Rey, donde comenzaron a declarar como imputados bomberos y policías acusados de incumplir sus deberes. En el plano de los reclamos civiles de las víctimas de la tragedia, 400 personas están en etapa de mediación con TBA.