Poco después de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, lograra un amplio respaldo del Parlamento autónomo para la consulta sobre la soberanía de Cataluña, a realizarse “preferentemente” durante la próxima legislatura, que será elegida el 25 de noviembre, resolución aprobada por 84 votos a favor (CiU, Esquerra Republicana, Solidaritat y el socialista Ernest Maragall), 26 abstenciones (del PSC) y 21 votos en contra (PP y Ciutadans), la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, respondió que “existen instrumentos jurídicos suficientes para impedir el referéndum independentista y hay un Gobierno dispuesto a usarlos”.

Mientras tanto, el pedido de Castilla-La Mancha se suma a los ya realizados por la propia Cataluña, que demandó 5023 millones de euros; Andalucía, 4906 millones; la Comunidad Valenciana, 3500 millones, y Murcia, que pidió 300 millones.