Según el comunicado del Movimiento, las familias asentadas en el paraje donde se produjo el asesinato de Galván "venían siendo hostigadas" por personal de la Empresa Agropecuaria LAPAZ S.A., de Rosario de la Frontera (Salta), que "pretende alambrar parte del territorio de las comunidades indígenas", con el propósito de talar los bosques de la región, situación denunciada en diversas oportunidades en ámbitos judiciales, ante la policía de Monte Quemado y ante el Comité de Crisis provincial.