La ITF, cuyo Consejo Ejecutivo se reunió la semana pasada en Copenhague (Dinamarca), manifestó que la detención de la nave “es un claro ejemplo de acciones condenables en la que los derechos de los trabajadores se ven negativamente afectados”, y alertó que “esta violación de las leyes puede crear un precedente que afectaría a los trabajadores del transporte en aviones y buques en diferentes partes del mundo”.

La Federación destacó que la retención de la Fragata Libertad fue impulsada por “el fondo buitre NML Capital, respaldado por el millonario estadounidense Paul Singer, conocido por comprar deuda soberana e invertir en empresas con políticas antisindicales”. Expresó, además, que la decisión del juez ghanés Richard Adjei-Frimpong, quien ordenó la confiscación, “va en contra de los intereses de los ciudadanos y naciones africanas”.

Respecto a la situación argentina, recordó que “estos tenedores de bonos se negaron a entrar en cualquiera de los dos programas de canje de deuda que lograron la reestructuración de casi el 95 por ciento del default del 2001”.

La ITF recordó también que la visita del buque argentino al puerto de Tema “fue resultado de una invitación formulada por el gobierno de Ghana con el objetivo de mejorar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación Sur-Sur, esencial para el desarrollo de África y de América latina”.

La resolución contó con el apoyo de las delegaciones de Francia, Alemania, España, Kenia, Senegal, Sudáfrica, Túnez, la propia Ghana, Australia, Japón, Indonesia, Singapur, México y Brasil, y fue firmada por algunos de los nombres más importantes del sector como Robert Roach, de la International Association of Machinists (Estados Unidos), Len McCluskey, del gremio Unite y Bob Crow, de la National Union of Rail Maritime Transport Workers, ambos del Reino Unido.