El funcionario ofreció información que pone en evidencia que empresas que resultaban adjudicatarias están asociadas entre ellas y cuentan en su conformación accionaria con familiares de Armella, encargado de la ejecución del fallo de la Corte Suprema por el saneamiento.

La AGN cruzó los datos de M&T SA con las empresas Tierras Provinciales SA, Vial Rogo SA y Gildin SA, cuyas composiciones accionarias comparten al menos un socio. Miembros de estas sociedades forman parte de San Martín 264 Bernal SA, entre cuyos socios figuran la esposa de Armella, Marina Laura Groba Martini, su suegro Francisco Alberto Groba y el tío de su pareja, Aníbal Carlos Nietzel.

Tras el aporte de Despouy, la Corte dio por finalizada la audiencia pública anual para evaluar la marcha de las obras para el saneamiento del Riachuelo y quedó en condiciones de emitir decisiones vinculadas no sólo con el desarrollo de las obras, sino también con el futuro del juez Armella.

Hace poco más de un mes, la Corte resolvió pedirle explicaciones al magistrado e incluso el ministro Enrique Petracchi se pronunció por apartarlo del expediente, dijeron fuentes judiciales.

En la audiencia de hoy también expuso Abel Marino en representación de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), y Anselmo Sella por la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La causa se inició en julio de 2004, cuando un grupo de vecinos, encabezados por Beatriz Silvia Mendoza y otras 16 personas, presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca.

Los vecinos responsabilizaban por daños y perjuicios al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad, y también a 44 empresas aledañas por volcar directamente al río los residuos peligrosos, por no construir plantas de tratamiento, no adoptar nuevas tecnologías y no minimizar los riesgos de su actividad productiva.