Mar 25.12.2012

18:33  › A LA CAMA SIN CENAR

El Gobierno ultima la apelación contra los fondos buitre

Argentina presentará el viernes su posición ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, dentro del cronograma del juicio que enfrenta el país contra fondos especulativos y que tendrá su punto máximo el 27 de febrero, cuando las partes participen de una audiencia especial destinada a revisar el fallo del juez Thomas Griesa.

Este trámite judicial responde al cronograma de actuaciones que fijó la Cámara de Apelaciones de Nueva York, luego de que dejara sin efecto la decisión del juez Griesa por la cual la Argentina debía abonar 1.320 millones de dólares en efectivo y en un sólo pago a tenedores de títulos que no cambiaron sus títulos, respetando la cláusula de igualdad (pari passu) entre tenedores de deuda.

El estudio de abogados que representa al país deberá presentar los términos de la apelación a la medida de Griesa, para mantenerla sin efecto. Griesa le había concedido a los querellantes el pago de 3.500 millones de dólares por considerar que la Argentina había violado la cláusula de trato igualitario, el país la apeló, la Cámara aceptó, y fijó una serie de actuaciones para luego pronunciarse sobre la cuestión de fondo.

El 25 de enero será el turno los fondos de inversión, el 1 de febrero habrá una respuesta de la Argentina y el 27 ambas partes harán sus ponencias en forma oral. La última decisión de la Cámara le permitió a la Argentina el 15 de diciembre cancelar sin riesgos los 3500 millones correspondientes al cupón PBI correspondiente a la expansión económica de 2011.

Según sostuvo el gobierno de Estados Unidos, a través del fiscal del Distrito Sur de Manhattan en una nota enviada a la Corte el pasado 13 de diciembre, la administración de Barack Obama podría concretar el mismo día una presentación formal de apoyo al pedido argentino de una revisión total del fallo de segunda instancia (del 26 de octubre) "en banc", es decir, con los 13 jueces que integran dicha Corte.

El Gobierno argentino, incluso, podría dejar abierta la puerta para el envío al Congreso de un proyecto de Ley para que el Poder Legislativo dé tratamiento a la posibilidad de suspender la Ley Cerrojo, que prohíbe la reapertura de un eventual canje de deuda.

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