La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió ayer la decisión del juez Thomas Griesa que había ordenado pagarles a los fondos buitre el ciento por ciento de sus bonos más los intereses acumulados en un pago en efectivo el 15 de diciembre. La respuesta favorable a un pedido realizado el lunes por Argentina no resuelve la cuestión de fondo de la puja legal con los buitres, donde la Cámara ya determinó que el país debe pagar aunque no precisó cómo ni cuánto, sino que reinserta la medida cautelar de no innovar hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar. Esa decisión permite al Gobierno hacer frente a los vencimientos de deuda de diciembre, alrededor de 4100 millones de dólares, sin ningún inconveniente técnico, ya que también queda sin efecto la orden de Griesa al Banco de Nueva York para que no canalice los pagos de intereses si el país no depositaba 1330 millones de dólares en una cuenta de garantía. La Cámara de Apelaciones dispuso un cronograma para la presentación de argumentos de Argentina, los buitres y también terceras partes involucradas que, defendiendo sus intereses, respaldan la posición del país. Ese proceso concluye el 27 de febrero. A partir de esa fecha, los jueces deberán fallar. La última vez, la Cámara demoró cerca de seis meses en tomar una decisión.

La noticia generó alivio y satisfacción en el equipo económico que encabeza Hernán Lorenzino. La medida suspendió las órdenes de Griesa despejando la posibilidad de un “default técnico” por no poder pagar en “tiempo y forma” los próximos vencimientos de la deuda y permite ganar tiempo en la discusión sobre el fondo de la cuestión. A su vez, los magistrados aceptaron el pedido de bonistas que ingresaron al canje para ser considerados parte no interesada en el caso (ver aparte), y dejaron abierta la posibilidad para que el Banco de Nueva York –agente de pago de la deuda–, las casas de clearing, los depositarios de títulos y la Reserva Federal presenten sus propios argumentos y posiciones.

A partir del 28 de diciembre, próxima fecha para que el país eleve sus argumentos, la posición oficial cuestionará la interpretación de la cláusula de tratamiento igualitario (pari passu, en latín) según la cual Griesa dispuso que los buitres deben cobrar la totalidad de sus bonos más intereses acumulados desde 2005, algo imposibilitado por la legislación argentina. También señalará la existencia de serios riesgos para el sistema financiero de Nueva York y futuros procesos de reestructuración de aplicar esa fórmula de pago.

Además, la posición oficial volverá a insistir, como señaló el lunes en el pedido de suspensión a la Cámara, que una fórmula que trate a los buitres y a los bonistas que ingresaron a la reestructuración en los mismos términos que Argentina ofreció durante el segundo canje en 2010 sería “un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.

El objetivo de esa jugada no es enviar al Parlamento una iniciativa antes de fin de año, ese paso carecería de sentido ya que la naturaleza de los buitres es litigar: “Los buitres no participaron del proceso de reestructuración, sería raro que voluntariamente ingresen a un canje. No son acreedores, son especuladores que apuestan a la quiebra del país”, afirmó ayer el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

Desde el equipo de Lorenzino explicaron a Página/12 que el “guiño” fortalece la línea argumental del Gobierno y sostienen que esa posibilidad sólo se pondría en marcha si, en su próximo fallo, los jueces indican a los buitres que deben ingresar a un canje para cobrar. En ese caso se podría enviar al Congreso una propuesta que suspenda la ley Cerrojo y abra una tercera oferta para que ingresen todos aquellos que no participaron. El proceso de reestructuración implicó una quita cercana al 70 por ciento, la reducción de los intereses y la extensión de los plazos hasta 2038, un esfuerzo que los buitres no están dispuestos a hacer. En total reestructuraron sus bonos el 92,4 por ciento del total. El resto supone un valor nominal de 3600 millones de dólares. Según estimaciones oficiales, de este total, el 8,3 por ciento –cerca de 300 millones– se encuentra en manos de residentes estadounidenses y el resto está en manos de fondos buitre. La re-reapertura del canje incluiría una cláusula para exigir que ingresen todos los tenedores de bonos en default.

En el Palacio de Hacienda entienden que, incluso en el escenario de máxima donde la Justicia de Estados Unidos dispone que el pago a los buitres debe ser en idénticas condiciones a las del canje 2010, es improbable que los fondos especulativos elijan participar de una operación renunciando a la posibilidad de litigar y embargar activos argentinos alrededor del mundo. No obstante, consideran que esa decisión de la Cámara de Apelaciones sentaría una valiosa jurisprudencia para el país e incluso para futuros procesos de reestructuración de deuda. Si, en cambio, la Cámara determina una fórmula de pago que beneficia a los buitres en detrimento del 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, Argentina ya anticipó que apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Además, el país solicitó ante la Cámara de Apelaciones una revisión del fallo con sus trece miembros.