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El gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a modificar la legislación sobre desalojos en España después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictaminado que no es compatible con la normativa comunitaria. En el Parlamento español comenzó a tratarse una nueva ley surgida de una iniciativa popular que pretende evitar las situaciones abusivas que han llevado a una ola de suicidios.
"Nosotros asumimos el compromiso de que todos los aspectos que haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", aseguró el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La modificación podría hacerse en el marco de la tramitación parlamentaria de la iniciativa popular contra los desahucios que en febrero llegó al Congreso de los Diputados avalada con casi 1,5 millones de firmas de ciudadanos.
Entre otros puntos, la nueva normativa persigue la dación en pago, una fórmula que permitiría que el deudor entregue su casa al banco en pago de la hipoteca, dando completamente por saldada la deuda. En España se da el caso de que muchas personas desahuciadas tienen que seguir haciendo frente al pago de una deuda, ya que el valor de la vivienda embargada ha caído frente al préstamo que en su día concedió la entidad financiera.
Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fue la que encabezó esa iniciativa ciudadana, instó entretanto a "la paralización de todos los procedimientos (de desahucio) que están en curso", tras el fallo del tribunal europeo. "La ciudadanía ha tenido demasiada paciencia", dijo, y advirtió de que si el gobierno de Rajoy no llega a rectificar, se desencadenará "una situación de conflictividad social totalmente ingestionable".
El Tribunal de Justicia de la UE considera en el fallo conocido hoy que la legislación española sobre los procedimientos de desahucio ante el impago de la hipoteca es contraria a la legislación europea de protección de los consumidores. Según el Tribunal, la legislación española en la materia no protege adecuadamente al ciudadano violando la directiva europea sobre cláusulas abusivas, ya que permite la pérdida de la propiedad antes de que el afectado pueda defenderse ante los tribunales para intentar frenar su expulsión.
Desde el inicio de la crisis económica, hace cuatro años, más de 350.000 familias se han quedado sin hogar ante la imposibilidad de poder seguir pagando la hipoteca al banco, en muchos casos tras quedarse desempleados los cabeza de familia que ingresaban dinero en el hogar. Los desahucios se han convertido en un drama social y en los últimos meses se han producido suicidios de personas a las que el banco iba a embargar sus viviendas. En las encuestas, el tema es uno de los principales problemas que percibe la ciudadanía.
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