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Mientras en la audiencia de la jornada, una de las víctimas del centro clandestino de detención y exterminio de Córdoba, María Patricia Astelerra, secuestrada el 1 de julio de 1976 junto con su pareja, Gustavo Adolfo Contemponi, denunciaba que “la condición de mujer significaba, además de las torturas habituales, el plus de la violencia sexual" y que su embarazo de cinco meses no impidió que sus captores la manosearan, los imputados, entre ellos el exjfe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, con fluidos contactos con el entonces cardenal Raúl Primatesta, exhibieron una escarapela amarilla y blanca.
Durante su testimonio Astelarra advirtió también que los represores "sentían placer con lo sádico y lo morboso" y muchas veces "éramos víctimas de esos juegos". “Ser mujer significaba un plus de vejación y violación", agregó. Luego de denunciar que “los episodios de abusos sexuales siempre fueron episodios tortuosos y degenerados, en los que participaban oficiales y suboficiales del Ejército", Astelarra le solicitó al Tribunal Oral Federal 1 que dichos delitos “deberían considerarse de orden público y no solamente de instancia privada, porque fueron cometidos por funcionarios públicos".
Más adelante, la sobreviviente identificó como habituales responsables de esas "aberrantes" prácticas a los represores Ernesto Barreiro, Hugo Herrera, José “Chubi” López, Jorge Exequiel “Rulo” Acosta, Héctor “Palito” Romero y el ya fallecido Roberto Nicanor “Cura Magalí” Mañay `. También mencionó el nombre de varias secuestradas "vejadas y violadas", muchas de ellas asesinadas, pero prefirió no extenderse sobre el tema al considerar que se tratan de situaciones "muy delicadas".
"Las mujeres eran reducidas a la servidumbre. Eran obligadas a trabajar, a ser esclavas sexuales. Hoy quizás muchas no lo puedan contar", manifestó Astelarra, quien, a instancias del fiscal Facundo Trotta aceptó promover una investigación penal independiente a la causa principal, por lo cual el Tribunal deberá girar las actuaciones a la Fiscalía Federal de turno.
Luego de pasar por el Campo de La Ribera, en setiembre de 1976 fue traslada a la cárcel de mujeres del Buen Pastor, a disposición del Comando del III Cuerpo, donde nació su hijo, quien fue entregado a su abuelo materno, José Leandro Astelarra, en enero de 1977, quien consiguió la liberación de su hija dos meses después a cambio de 10.000 dólares.
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