Los abogados condenados habían conseguido, a través de los juzgados de Santo Tomé a cargo de los destituidos Graciela Duarte y Humberto De Biase Echeverria, beneficiar a más de 12.000 miembros de Gendarmería y de la Prefectura Naval, quienes obtenían aumentos de sueldos desproporcionados en comparación a colegas que realizaban las mismas tareas.

Además, la justicia comunicó que solicitó al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados que evalúe la conducta ética de los profesionales y remita la copia de la resolución a la AFIP.

Mediante un fallo de 15 páginas, el Tribunal correntino consideró que "no podía permanecer pasivo, ante la clara actuación de los mencionados, quienes como abogados y representantes legales fueron los que iniciaron acciones de amparo", a pesar de que no podían "desconocer su inadmisibilidad".

El fallo, firmado entre otros por el presidente del cuerpo, Carlos Rubín, recordó que dicho Tribunal "ya se había encargado de sancionar e investigar la conducta de los Señores jueces que entendieron en las causas (...) quienes deben poner los límites y comportarse como garante fiel del debido proceso en el juicio".