Según la legislación, se necesita el 2 por ciento del padrón electoral, unas 52 mil firmas, para iniciar el proceso de consulta popular pero los impulsores del referéndum superaron esa cifra para "evitar sorpresas" y "debido a la muy buen acogida que tuvo la iniciativa a nivel de la población", agregó el legislador.

En caso de que la Corte Electoral verifique que se alcanzó el número necesario, en un plazo de 90 días debe llamar a las urnas en jornada sin voto obligatorio y en la cual el 25 por ciento del padrón electoral, unos 600 mil uruguayos, tienen que respaldar el pedido de referendo.

Si ese número se alcanza, posteriormente, y en un plazo de cuatro meses, los uruguayos deberán decidir, en ese caso con voto obligatorio, sobre el mantenimiento o derogación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, más conocida como ley del aborto.

La ley de despenalización del aborto, que fue aprobada en octubre en Uruguay y comenzó a aplicarse en diciembre, divide a todos los partidos políticos y también a organizaciones sociales del país. La nueva legislación no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.

Desde entonces, las uruguayas y las extranjeras con al menos un año de residencia en el país pueden solicitar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.